Si bien en otras causas Cristina Kirchner fue investigada por asociación ilícita, ahora un juez por primera vez la procesó como jefa de una banda criminal lo que complica su delicada situación judicial por varias razones. Ese delito que tiene una pena de entre 3 y 10 años de prisión pero el juez lo hizo concurrente con los delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.
El único precedente de un ex presidente procesado por ese delito es el de Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y fue analizado por el juez Bonadio. Menem fue procesado por asociación ilícita por el entonces juez federal Jorge Urso con prisión preventiva. Menem pasó 6 meses detenido en una quinta de Don Torcuato en 2001. En ese caso, la Corte en una apelación del ex director del ministerio de Economía, Néstor Stancanelli, concedió la libertad de Menem y otros acusados y sostuvo que “la asociación ilícita requiere pluralidad de planes delictivos y no meramente pluralidad de delitos”. Bonadio estudió detalladamente este antecedente porque sabe que, a más tardar, el viernes de la semana que viene la defensa de Cristina va a apelar ante la sala I de la Cámara Federal porteña. En tribunales se considera que la ex presidenta se va a apurar en elevar esa queja porque el Consejo de la Magistratura, con mayoría de Cambiemos en la comisión de Acusación, podría llegar a suspender el 18 de ese mes a Eduardo Freiler, un juez que votó en sintonía con las estrategias judiciales del kirchnerismo y archivó dos veces la denuncia de Nisman contra Cristina. Si Freiler es suspendido antes, Cristina perderá su única carta de que el tribunal de alzada revoque su tercer procesamiento.
Si bien Bonadio le concedió la libertad durante el proceso, este delito augura nubarrones para la ex presidenta en la futura etapa del juicio oral en la que, si es condenada, debería quedar presa. Es que por la concurrencia de delitos, se calcula en Comodoro Py, la suma le da “un mínimo de entre 5 y 6 años y un máximo de entre 15 y 18 años”, si es encontrada culpable en un juicio oral. Es decir, sería una condena no excarcelable.
El delito de negociaciones incompatibles con la función tiene una eventual pena de entre 2 y 6 años, pero lo más grave es que además incorpora la inhabiltación absoluta para ejercer cargos públicos, como por ejemplo ser candidato a diputado, senador o presidente. Entonces, si Cristina quiere tener inmunidad parlamentaria debería presentarse como candidata en las elecciones de octubre porque en los próximos dos años ya estaría en un juicio oral por la causa Los Sauces.
Si bien el fallo señala claramente que para el juez tras el fallecimiento del ex presidente, la banda, pasó a ser dirigida por “Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, también con el concurso y aprobación de Florencia Kirchner”, el rol de ésta última tiene también su explicación. Fuentes judiciales detacaron que en la causa existe un poder que Florencia firmó a favor de su hermano y que de esta forma aceptó la herencia dudosa de su padre y luego todas las operaciones irregulares de Los Sauces. “Ella podría haber rechazado la herencia o haberla tomado con beneficio de inventario”, comentaron las fuentes.
Luego de analizar la mayoría de las relaciones societarias de la inmobiliaria “Los Sauces”, el magistrado explica una por una las “vinculaciones que forman parte de una suerte de “enjambre societario”, que conduce a una confusión económica y jurídica de la mayoría de estos patrimonios y que demuestran las conductas endilgadas”. Así descartó la cortada de los Kirchner cuando declararon que Los Sauces era “una típica sociedad familiar” que había cometido solo desprolijidades en sus libros societarios.
Por el contrario. Bonadio destaca que “se observa que existen compraventas de inmuebles entre las mismas sociedades y que “las mismas personas ocupan puestos” en empresas que están de uno y otro lado del mostrador. Sólo de las descripciones “de compra venta y refacción de los inmuebles se denota que la mayoría de las transacciones se realizaron con empresarios amigos, que muy acertadamente, crearon las empresas simultáneamente a que el ex presidente Néstor Carlos Kirchner asumiera como Presidente”.
El procesamiento destaca el rol de Osvaldo Sanfelice –el socio e íntimo de Máximo- y del contador Víctor Manzanares, quienes hasta ahora habían zafado de otras acusaciones. Sanfelice de ser “también el administrador de la firma “Hotesur S.A.”, propietaria de los hoteles “Alto Calafate”, “posada “Los Sauces S.A,” y “Las Dunas” de la familia Kirchner, habiendo reemplazado también en dicha labor, a “Valle Mitre S.A.”, destaca el juez. En cambio, Víctor Alejandro Manzanares, contador de Néstor Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Máximo Kirchner, de la firma “Los Sauces S.A.,” y síndico del “Banco de Santa Cruz”, “resultó ser el organizador e ideólogo de los movimientos financieros de las personas físicas y jurídicas prenombradas, como así también de la administración de los bienes inmuebles que registran”, entre otras irregularidades. En otras palabras, el fallo revela que Los Sauces, más que como una empresa de negocios inmobiliarios, por las irregulardidades y desprolijidades fue manejada como un maxikiosco, quizás por inexperiencia o quizás porque pensaban gozar de impunidad por mucho años más, luego de dejar el poder en 2015.
Fuente: Clarín