El juez dijo que la ex presidenta ya fue indagada y procesada por asociación ilícita en la causa de la obra pública y no puede incurrir en doble juzgamiento.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de llamar a declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros, en la causa de la ruta del dinero K, revelaron a Clarín fuentes oficiales. El pedido de la UIF incluye la ampliación de la indagatoria con prisión preventiva de los cuatro hijos de Lázaro Báez y del ex esposo de Iliana Calabró, Fabián Rossi.

En una resolución, Casanello sostuvo que la ex presidente y el resto de los ex funcionarios ya están indagados y procesados por asociación ilícita en la causa por las irregularidades en la concesión de la obra pública que lleva el juez Julián Ercolini y no se puede incurrir en doble juzgamiento.

“La pretensión busca reeditar en la presente causa los hechos que son objeto de investigación en otro juzgado y sobre los cuales su titular ya se ha expedido, no sólo en torno a la procedencia del acto de defensa, sino también a la verosimilitud de la acusación al dictar el auto de procesamiento. El riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto el pedido supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado”, agregó Casanello. Su colega Ercolini ya procesó a Cristina como jefa de una asociación ilícita junto a De Vido y otros.

El pedido de indagatoria del organismo antilavado también incluye al ex secretario de Obra Pública, José López -detenido en una causa por los bolsos con 9 millones de dólares-, al ex coordinador de la obra pública y primo de Néstor, Carlos Santiago Kirchner, y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

Como la sala II de la Cámara Federal porteña ordenó, dos veces, a Casanello investigar el rol de la ex presidenta en el destino de los 3 mil millones de dólares que le dio su gobierno y el de Néstor Kirchner a la empresa Austral, el titular de la UIF, Mariano Federici, pidió indagar también a las máximas autoridades políticas de la época. En otras palabras, a través de la obra pública, Néstor y Cristina le otorgaron esa plata que Lázaro Báez, luego, fugó a Suiza, entre otros países. La UIF considera que Cristina y sus funcionarios fueron el primer eslabón de una cadena de lavado organizada por una asociación ilícita. Cristina ya tiene tres procesamientos en otras causas. En mayo del año pasado, ese tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa de la ruta del dinero K y ordenó investigar las “íntimas” relaciones comerciales y societarias del empresario con Cristina Kirchner. Este año, la misma cámara frenó el envió de la causa a juicio oral a la espera de que llegara la información oficial de Suiza y volvió a indicar que se debía investigar la relación entre el lavado y las concesiones de obra pública a Báez que llegaron, en total, a unos 3 mil millones de dólares.

Seguramente, ahora el juez pedirá la opinión del fiscal Guillermo Marijuan, quien ya había imputado a Cristina en estas causa, antes de decidir si acepta o rechaza el pedido de la UIF basado en las “operaciones financieras millonarias” comprobadas por la justicia suiza.

Según las fuentes, el escrito de la UIF también pide la ampliación de la declaración de Báez con detención de los hijos de Báez por la información que mandó Suiza la semana pasada, confirmando que tiene una cuenta a nombre de la fundación Kinsky con 25 millones de dólares, entre otras operaciones en negro. Martín, Leandro, Luciana y Melina habían sido indagados el año pasado por Casanello pero su situación procesal se decidirá luego de esta segunda indagatoria. La situación procesal más difícil la tiene Martín quien, además, manejó la cuenta de la offshore Teeagan en Suiza y había zafado hace un año cuando el juez decretó la prisión preventiva de su padre.

En junio del 2015, Casanello había recibido de la Unidad Información Financiera (UIF) un informe de inteligencia que aseguró que en Suiza había varias cuentas bancarias vinculadas a los hijos de Lázaro Báez con unos 25 millones de dólares, pero le advirtió que esa información no puede ser utilizada en “carácter de evidencia” sino sólo con “fines de inteligencia”. Ahora con la información oficial, ya tienen carácter de evidencia.

Sin embargo, Leandro, Melina y Luciana Báez, hijos del empresario, negaron el año pasado en sus respectivas indagatorias tener “cuentas en el exterior”, así como tampoco haber “utilizado cuentas en el país ni el extranjero para el lavado de dinero”.

Casanello fue ratificado por la Cámara Federal como juez de la causa por la que están presos Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, y en la que están procesados pero en libertad Martín Báez -hijo de Lázaro- y otros.

La causa por la llamada “ruta del dinero K” había comenzado en abril de 2013 con un informe del programa “Periodismo para Todos”, donde Leonardo Fariña -a través de una cámara oculta- y el financista Federico Elaskar hablaban de las maniobras de lavado de dinero de Báez.

El expediente, sin embargo, cobró un nuevo impulso con la aparición de un video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como “La Rosadita”, en donde se veía a varios de los hoy procesados contando millones de billetes de dólares y euros.

Fuente: Clarín

Comments

Comentarios