Pese a que había negado todo vínculo con la compra de un edificio a los Bemberg, ahora se descubrió que le alquiló un departamento al mismo grupo empresario.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, benefició con dos contratos millonarios, y sospechados por falta de transparencia, a empresas del Grupo Bemberg, cuyo fundador fue el creador de las cervecerías Quilmes. El primero, que ya se conocía, es la compra del edificio de la calle Perón 667 donde funciona la sede central del ministerio público. La otra -la nueva, es un alquiler a la familia Bemberg de una oficina ubicada en la calle Perú 143 de esta capital.
Por una de esas operaciones, Gils Carbó está imputada en la Justicia por posible corrupción. La causa la instruye el fiscal Eduardo Taiano por decisión del juez Julián Ercolini.
La segunda resolución de su organismo, que le hizo ganar dinero público a otra sociedad comercial de los Bemberg, fue un proceso administrativo señalado dentro de la propia Procuración por sus falencias y omisiones en su tramitación.
Éste último expediente avanzó igual. Los jefes del Procuración avalaron que se le pague a una compañía de los Bemberg llamada Tainaul S.A un alquiler mensual de 75 mil pesos por un departamento en el piso 13 de un edificio ubicado en la calle Perú 143.
El contrato estipuló que esa operatoria duraría tres años: la suma aprobada oficialmente para abonarle a esa firma privada fue de $ 2.700.000 pesos.
La Procuración estableció que también se pagarían con fondos públicos 135 mil pesos en concepto de “honorarios por intervención inmobiliaria” a una empresa de reconocida en ese rubro. Se llama “Colliers Badino S.A.”.
Los nexos de los negocios que concretó la Procuración con las empresas de los Bemberg se vinculan entre sí por personajes que participaron en ambas tramas. También por manejos poco claros en los modos contractuales utilizados para cerrar esas operaciones.
Y porque en ambas transacciones se cobraron comisiones inmobiliarias que ahora parecen unidas por elementos tal vez producidos por el azar. O tal vez no.
Alejandro Badino, es socio de “Colliers Bandino S.A”, la firma que cobró la comisión por el aquiler de las oficinas de Perú 143. Y también es residente de una importante empresa de “compra-venta” de propiedades de nombre “Colliers International”.
Esta compañía fue la que salió segunda en la licitación pública gracias a la cual los Bemberg lograron que la Procuración les comprara su mansión de Perón 667. Esa inversión tuvo un costo total para el Estado de 43.840.000. Se concretó en el 2013.
En julio del 2015, los Bemberg volvieron a ser beneficiados por la Procuración General, de Gils Carbó.
Fue por el alquiler del piso 13 de Perú 143. La firma que es dueña de esas oficinas, como ya se dijo, se llama Taniaul S.A. El contrato fue firmado por el director de Administración de la Procuración, Jorge Argüello, con el aval de Gils Carbó, según aclara el mismo.
Es propiedad de los Bemberg, e incluso su sede social había sido registrada en el edificio de Perón 667, luego vendido a la Procuración, su futura inquilina en otra propiedad.
Clarín pudo acceder a documentación que muestra como la Procuración esquivó controles internos, que alertaron sobre posibles irregularidades en el trámite administrativo que culminó con ese alquiler.
Ocurre que la renta de Perú 143 no se eligió mediante una licitación pública, como hubiese correspondido en este tipo de casos.
Se materializó mediante una “contratación directa” argumentando -según pudo saber este diario en base a fuentes del caso- que había una supuesta “escasez” de propiedades similares a la buscada por el organismo de Gils Carbó.
Del propio expediente de esa “compra directa” se desprende otra realidad.
La Procuración tenía chances de elegir entre otras trece propiedades similares a la finalmente alquilada a los Bemberg. Esas ofertas debieron evaluarse pero no pasó.
Incluso los trece inmueble deshechados tenían un alquiler mensual menor al que finalmente se acordó con la firma Taniaul S.A, de los Bemberg.
Hay más nexos entre una operación, la del alquiler de Perú 143, la otra, la de la compra de Perón 667.
En un escrito presentado ante la Justicia y el Congreso, la Procuradora desligó de responsabilidades y anunció que le inició un sumario interno a Guillermo Bellingi, a quien había contratado con rango de Subprocurador: es hermano -de parte madre- de Juan Carlos Thill, un corredor de seguros que cobró 3 millones de pesos por haber sido “gestor” inmobiliario en la operación de compra del edificio de los Bemberg en Perón 667. Este hombre no tenía antecedentes en el negocio de los martilleros. Pero era hermano de Bellingi.
Las operaciones inmobiliarias irregulares realizadas por la Procuración de Gils Carbó forman parte de los items del pedido de juicio político que le inició a esta funcionario judicial la diputada Elisa Carrió y ahora impulsa todo el Gobierno.
La legisladora porteña que empuja esa parte de la investigación de Carrió, es una legisladora de su mayor confianza, Paula Olivetto.
Según publicó Clarín, y luego ayer Infobae con mayor detalle, la Justicia tiene en su poder mails que se intercambiaron miembros del Grupo Bemberg, el “comisionista exitoso” Juan Carlos Thill, y otros personajes claves de esta historia.
Para la Justicia, esos correos dejan en claro que el Grupo Bemberg ya conocía de antemano el resultado de la licitación pública que terminarían ganado, y por la que vendería al Estado el edificio de Perón 667.
Dos años después, otra firma de ese Holding, Taniaul S.A, fue beneficiada con otro contrato millonario avalado por Gils Carbó.
Las dos operaciones sospechadas tienen más vínculos en común.
Uno es Ricardo Urbano Siri. Figura en los mails investigados en la Justicia como una de las personas que participa activamente del intercambio de información sobre la “licitación pública” aun nonata de Perón 667. El mismo Urbajo Siri figura, también, como director suplemente de Taniaul S.A. Es decir, en su momento fue ejecutivo de la empresa de los los Bemberg que le alquiló a la Procuración el departamento del piso 13 de la calle Perú 143.
El caso “Gils Carbó Propiedades” acumula nuevas operaciones sospechosas. Se conocerán. Pronto.
Fuente: Clarín