Aceptó abrir una investigación contra Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a causa de una denuncia del abogado Marcelo Parrilli, por “violar el contrato social de los argentinos”. Ahora debe decidir el juez Rafecas.
El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió una investigación penal contra los jueces de la Corte Elena Highton, Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti, por haber votado la aplicación de la polémica -y ya derogada- ley del “2×1” a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la dictadura.
Además de recordar que con el voto mayoritario de los tres imputados la Corte convalidó aplicar una ley que fue derogada por el Congreso en el 2001, el fiscal reitera que Muiña había sido condenado por el secuestro y aplicación de torturas a cinco personas a cumplir una pena de 13 años de prisión. Siguiendo el planteo del denunciante Parrilli, el fiscal comparte que la aplicación de la ley más benigna en el caso Muiña “resultaba contraria a las leyes e instrumentos internacionales que rigen en la materia”.
Pero no es todo: “el denunciante vinculó los alcances de ese pronunciamiento con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, como así también con el modo en que fueron designados inicialmente dos de los ministros de Corte que conforman el máximo tribunal de Justicia de la Nación”, desliza la imputación en su nudo argumental. Marijuan explica que para Parrilli, la sentencia de la Corte “respondería a una nueva política de Estado para aquellos casos en donde se juzguen delitos cometidos durante la última dictadura”.
Si la sentencia de la Corte está vinculada de algún modo con una supuesta nueva política del gobierno respecto a las violaciones de los derechos humanos en la dictadura, ese fallo sería el instrumento práctico de un movimiento más amplio y, a criterio del fiscal, mucho más grave.
Fuente: Clarín