La decisión del fiscal federal Guillermo Marijuán, de denunciar a José Cano, Alberto Darnay, Osvaldo Barreñada, Octavio Accardi y dos personas surcoreanas, por los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública,terminó dando la razón a la investigación iniciada en febrero por Diario Cuarto Poder.
Cuando en febrero de este año, desde Diario Cuarto Poder, el columnista político Don Eduardo dio a conocer lo que luego se dio en llamar como “Plan CoreANO”, comenzaron las desmentidas. Desde el Plan Belgrano, en comunicados oficiales y declaraciones de sus funcionarios, se dijo que no hubo una misión oficial a Corea del Sur. Luego que Alberto Darnay no tenía ninguna vinculación con la estructura comandada por José Cano. Más tarde, se afirmó que no existía denuncia alguna de la embajada de Corea ante Cancillería Argentina.
Cuando se confirmó que el viaje existió, que los integrantes de la comitiva habían ido al país asiático en representación del Plan Belgrano, la Jefatura de Gabinete y el Pami, la cuestión se complicó para sostener aquellas aclaraciones. Las argumentaciones tambalearon con la trascendencia de los acuerdos firmados con las empresas coreanas ESSCOM Japan Co. Ltd. y Jicen Hitech, uno de ellos por 315 millones de dólares a través de una fundación “fantasma”.
También se confirmó que Darnay había sido designado el 17 de agosto de 2016, en el Pami, como coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano, lo que echó por tierra aquellas primeras desmentidas.
La mentira se terminó de caer cuando se publicó el sumario determinado por el propio Pami, en el que se suspendió de inmediato a Darnay por 30 días, aunque se le permitió que siguiera gozando de su sueldo. La firma del ex titular de ese organismo, Carlos Regazzoni, le abrió las puertas a una forzada renuncia pedida por el propio presidente Mauricio Macri, aunque se quisieron esgrimir otras razones.
Regazzoni señaló un potencial daño patrimonial al Pami, por el compromiso de compra del reloj pulsera que mide parámetros médicos Formi Watch J200, además de sostener que se habían registrado “maniobras fraudulentas”. Toda esa es información generada por el propio Estado argentino. No hay invención alguna y menos operaciones políticas, como afirma José Cano desde su incómoda posición de continuidad en el Gabinete (ver recuadro).
Luego, la investigación de Diario Cuarto Poder dio su salto nacional con las repercusiones televisivas en los programas “ADN Periodismo Federal”, conducido por Tomás Méndez; y en “Animales Sueltos”, en el diálogo de los miércoles entre el conductor Alejandro Fantino y el periodista y escritor, Jorge Asís (ver páginas 8 y 9). Ante la contundencia de los hechos en la difusión periodística, Cano y su equipo salieron a señalar que no había denuncia alguna en la Justicia con respecto a este caso. Sin embargo, esta nueva mentira cayó rápido cuando el fiscal federal Nº 9, Guillermo Marijuán, inició la investigación preliminar Nº 66, basado en una denuncia anónima. En ese momento se mantuvo silencio, pero la actitud cambió una vez conocida la decisión de Marijuán de denunciar a Cano, Darnay, al secretario del sindicato de Trabajadores del Pami y dirigente radical, Osvaldo Barreñada; al empresario Octavio Accardi, a Carlos Rojas y a los surcoreanos Dae Kyu Yang y Young Sik Oh, por los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
Desde el entorno de Cano comenzaron a descalificar a Marijuán, quien llevó adelante causas importantes contra Lázaro Báez y Cristina Kirchner, antecedentes que hablan de su integridad moral y profesional para llevar adelante esta investigación. Lo cierto es que la causa fue sorteada y quedó en manos del juez Sergio Torres y la fiscal Alejandra Mángano, quienes tratarán de determinar las responsabilidades que le caben a cada uno de los investigados.
Cano sostiene que se trata de una “gigantesca operación” en su contra por el año electoral, sin hacer autocrítica sobre la elección de sus colaboradores, a quienes, a todas luces, trató de proteger hasta que la difusión de nuestra investigación se nacionalizó.