Raúl Antonio Guglielminetti, conocido por su alias “Mayor Guastavino“, fue un agente de inteligencia que integró el temible Batallón 601. Durante la última dictadura militar perteneció al grupo de tareas que operaba en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, bajo el mando de otro represor, Aníbal Gordon. En ese taller mecánico mantenían secuestradas y torturadas a víctimas del régimen militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. También tuvo vinculación con los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención “El Olimpo”.
El 21 de diciembre de 2010, Guglielminetti fue condenado a la pena de 25 años de prisión por el delito de imposición de tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada en 22 hechos. En el marco de esa causa los defensores del represor solicitaron que le concedan la libertad condicional alegando que ya había cumplido los dos tercios de la pena. Para el cómputo sostuvieron que debía aplicarse el artículo 7 de la ley 24.390, en su redacción original. Es decir: pidieron que se lo beneficie con el 2×1.
Los abogados de Guglielminetti argumentaron que si bien los hechos por los cuales había sido condenado su defendido eran anteriores a la derogación de la ley, en 2001, sus efectos continuaban vigentes en virtud del principio de la ley penal más benigna.
La Cámara Criminal y Correccional rechazó el pedido de excarcelación del represor, pero hubo un voto en disidencia que se apartó del criterio general y se pronunció a favor de aplicar el 2×1. Fue el de la jueza María Laura Garrigós de Rébori, actualmente presidente de la agrupación Justicia Legítima.
En su fallo, la magistrada sostuvo que Guglielminetti -condenado por secuestros y torturas- había cumplido los dos tercios de la pena debiendo aplicarse el 2 por 1 por tratarse de la ley penal más benigna. Y agregó: “Considero que lo requerido por la defensa no es un beneficio sino un derecho”.
Entre sus argumentos, la jueza sostuvo que no existía peligro procesal, es decir, estimaba que Guglielminetti no se iba a fugar o entorpecer la investigación, por lo que concluyó: “A mi juicio, corresponde hacer lugar a lo solicitado”.
Aquel voto parece contraponerse con sus dichos recientes. Es que en una entrevista con Luis Novaresio, Garrigós de Rébori sugirió que los ministros de la Corte Suprema que avalaron la aplicación del 2×1 en el caso Luis Muiña debían presentar su renuncia. “El fallo fue un error jurídico y político; los jueces se han equivocado largamente“, planteó. En 2011, cuanto pidió liberar a Guglielminetti, un represor condenado por secuestrar y torturar, pensaba distinto.