El Tribunal Oral Federal 1 le dio al ministerio de Salud 30 días para que entregue los 27.200 equipos almacenados, antes de que venzan. El ministro Lemus desoyó esa orden dos veces.
Pese al escándalo por corrupción en la licitación de los kits para embarazadas que el gobierno kirchnerista planeaba repartir a través del plan Qunita, la justicia ordenó ahora que el ministerio de Salud entregue todos los elementos que se habían comprado, excepto las cunas: las pericias ya habían determinado que su calidad era tan mala que los bebés que las usaran podían correr peligro.
El Tribunal Oral Federal 1 de la Capital, integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega, le dio al ministro Jorge Daniel Lemus un plazo perentorio de treinta días para comenzar a distribuir todos los elementos de los 27.200 kits almacenados, con excepción de las cunas y de las bolsas de dormir, destinándolos -de acuerdo a su naturaleza- a las instituciones o entidades que con mayor urgencia precisen salvaguardar el interés sanitario de las niñas y los niños del país.
En la resolución, firmada el 27 de junio pasado, el tribunal recordó que la orden de redistribución de los elementos del kit –con las excepciones ya enunciadas- fue dada por el juez instructor el pasado 26 de agosto de 2016 –y ratificada el 22 de septiembre de ese mismo año, es decir hace casi diez meses; pero el ministerio de Salud todavía no cumplió esa orden.
Por otro lado, el TOF dijo que “la decisión a adoptarse sobre el destino de los 27.200 kits largamente almacenados -amén de las importantes erogaciones de dinero que generan al Estado Nacional-, debe inexorablemente tener en miras el interés superior del niño”.
A causa de los sobreprecios e irregularidades en el plan Qunita, el juez federal Claudio Bonadio ordenó en noviembre la elevación a juicio oral del ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán entre otros dieciséis ex funcionarios y empresarios.
Todos están procesados por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública”, y los ex funcionarios públicos también, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La OA había expresado que estaban acreditadas las irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resultaran ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático. A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.
Los jueces buscan impedir que muchos de los elementos que integran los kits queden inutilizados por superar su fecha de vencimiento. “A nuestro entender, resulta de especial importancia considerar ese aspecto al tomar esta decisión, pues no hace más que reafirmar la necesidad de destinar esos elementos, con la urgencia que el caso amerita, a las instituciones o entidades que los precisen con mayor premura; evitando así que posibles y futuros vencimientos provoquen la pérdida de los productos que pudieran perecer”, destacó.