La titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, confirmó que en la compra de un nuevo edificio para el Ministerio Público Fiscal en el microcentro porteño, un negocio que superó los 40 millones de pesos en 2013, hubo irregularidades, pero responsabilizó a sus subordinados y advirtió: “Yo ignoro”.
Las declaraciones de la funcionaria se producen mientras avanza una investigación en la Justicia sobre las maniobras en torno a esa operación inmobiliaria, que incluyó la suspensión de varias licitaciones y el descubrimiento de un confuso pago por “asesoramiento” a Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi, un ex funcionario que fue desplazado por Gils Carbó apenas estalló el escándalo.
En una entrevista radial, la procuradora afirmó que en todo el proceso de adquisición del edificio de la calle Juan Domingo Perón al 600, intervinieron “25 funcionarios”, se realizaron dictámenes jurídicos, auditorías internas y externas, pero no detectaron el pago de una comisión a Thill, cuyo monto ascendió, al menos, a 176 mil dólares.
Según las investigaciones que tiene a su cargo el fiscal Eduardo Taiano, antes de la aprobación oficial de la adquisición del edificio hubo correos electrónicos entre los dueños del inmueble a ser vendido y la representantes de la inmobiliaria Bárbara Jaureguiberry, en la que se daba por hecha la operación. Thill, de acuerdo con el expediente, después de cerrado el negocio, cobró cerca de tres millones de pesos pagados por la empresa mediadora entre la Procuración y los dueños de la propiedad.
Al ser consultada de manera directa hoy sobre esas irregularidades, Gils Carbó lo reconoció: “Sí, por eso yo en su momento separé a un funcionario por estos hechos. Cuando surgió en los medios una factura por la cual un pariente, un medio hermano de un funcionario del ministerio Público habría cobrado una comisión de 3 millones de pesos por -según él dice- asesorar al oferente en la licitación”.
En el reportaje, la Procuradora sin embargo dice que todo fue responsabilidad de sus subordinados. “Ignoro si (Thill) compró dólares, si los repartió, lo ignoro. Lo que sí está en claro es que, con tantos funcionarios controlando una venta (…) ninguno de ellos lo detectó, menos lo pude detectar yo, que tengo todo ese aval de los funcionarios”, afirmó la titular del Ministerio Público Fiscal.
Tras esa defensa, Gils Carbó se lamentó: “Intentan crear una sospecha de corrupción sobre la procuradora para el intento de justificar el desplazamiento por métodos ilegales e inconstitucionales, porque no han tenido causales ni los votos para el juicio político”.
No me voy
Más allá de reconocer las irregularidades en la operación inmobiliaria por la que está siendo investigada, la procuradora anticipó que no aceptará un desplazamiento de su cargo mediante un decreto al considerar que “sería un acto totalmente inválido” e “inconstitucional”. Y aclaró que si se tomara una medida sobre su permanencia no la reconocerá: “Me voy a quedar en mi despacho, porque (una destitución) es un acto inválido”.
“Más que algo personal lo veo como un afán de concentración del poder y eso es el motivo por el cual siento el compromiso de quedarme en mi cargo”, sostuvo la funcionaria, y advirtió que sería “un escándalo” que el Gobierno intentara removerla de su cargo “al mejor estilo Nicolás Maduro”.
Fuente: Clarín