La organizó la oposición para evidenciar el rechazo a la reforma de la Constitución que impulsa el régimen para perpetuarse. Muchas mesas están en las iglesias.
El punto sobe las FF.AA. apunta a una posición que repite la disidencia en el sentido de que las fuerzas de seguridad deben atenerse a la actual Carta Magna e impedir que sea violada, es decir desobedecer al gobierno.
Caracas se prepara para votar mañana en el plebiscito opositor. (EFE)
En apenas una semana la alianza MUD ha facilitado 2.030 “puntos soberanos” o centros electorales que tienen unas 14.304 mesas de votación en todos los municipios de Venezuela como parques, plazas, teatros, casas parroquiales, iglesias y universidades. El episcopado venezolano es uno de los más fuertes críticos de la reforma constitucional y de esta consulta.
En el exterior estarán disponibles en 532 ciudades de 82 países unos 612 puntos o mesas de sufragios para que los venezolanos expatriados también tengan la oportunidad de votar aunque su cédula o carnet de identidad hayan caducados.
Los rectores de las universidades nacionales son los garantes de la pulcritud y transparencia del proceso. Benjamín Charifker, rector de la Universidad Simón Bolívar, calificó la consulta popular como una gran fiesta para el reencuentro de los venezolanos. “No habrá duplicidad de votos por cuanto confiamos en la honestidad de los venezolanos y habrá auditorías permanentes para cruzar los votos y evitar esos problemas”.
También garantizan la confidencialidad de los votantes. “Los cuadernos de votación serán destruidos al finalizar el escrutinio y también la firma del acta de los miembros de la mesa”, añadió el rector Charifker.
El acompañamiento de los observadores internacionales es importante para la consulta. Este sábado arribaron a Caracas cinco ex presidentes latinoamericanos Laura Chinchilla, de Costa Rica, Vicente Fox, de México, Andrés Pastrana, de Colombia, Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica.
En horas de la tarde también arribaron 15 parlamentarios extranjeros que estarán en calidad de observadores internacionales.
Como se ha señalado, la iglesia católica ha liderado la consulta popular. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón, solicitó en reiteradas ocasiones a Maduro que retire su constituyente porque “va a causar muchos problemas y empobrecer aún más a los venezolanos”. El arzobispado llamó a mantener la calma y votar en paz y no caer en provocaciones para evitar violencia.
Las encuestadoras de Datanálisis y Datincorp estiman que habrá entre 70 y 80 por ciento de participación, lo que sería algo único e histórico en el país, debido a que este tipo de consulta normalmente no atrae mucho interés. Peor no es solo una consulta, sino una votación sobre el régimen que ha mantenido guardas las urnas suspendiendo sin término las elecciones de alcaldes y de gobernadores que debieron realizarse el año pasado.
También el gobierno de Maduro no cumplió con el mandato constitucional de llamar a un referendo revocatorio. Según la Carta Magna elaborada por Hugo Chávez, el fundador del modelo, al cumplirse el 50% del periodo de gobierno todas las autoridades electas deben someterse a una consulta nacional para determina si siguen o no en el puesto.
Con su plan de generar una Constituyente el gobierno pretender crear un organismo superestructural con poder sobre el Congreso y la fiscalía general rebelde para eliminar los últimos focos de resistencia al régimen. La mayoría de los candidatos a la Constituyente son aliados del gobierno. El organismo debatirá al menos dos años ofreciendo un pretexto para suspender también las elecciones presidenciales de 2018.
La resistencia contra esa maniobra crece en Venezuela e involucra a dirigentes de pasado oficialista. Ex ministros como Ana Elisa Osorio han llamado a los chavistas a no votar el 30 de Julio pero sí en la consulta de hoy. Del mismo modo se han expresado el diputado del bloque oficialista Germán Ferrer y su esposa la fiscal general, Luisa Ortega Díaz .
La oposición no ha podido difundir su campaña. No tiene espacios en la televisión controlada por el gobierno y tampoco puede fijar afiches en los muros públicos que de inmediato son retirados por los grupos de tareas del régimen.