El 80% son créditos UVA, que ajustan por inflación. Los bancos públicos acaparan el 70% del mercado.
En julio se entregaron créditos hipotecarios por 5.085 millones de pesos. Es un 36% más que en junio. De ese monto, el 77% -unos $ 3.900 millones- fueron otorgados bajo la modalidad UVA, es decir créditos que ajustan su deuda a la par de la inflación. El dato lo difundió entre funcionarios, tomando cifras del Banco Central, el jefe de Gabinete Marcos Peña, en un informe titulado “Una vivienda para cada familia”.
Las cifras sobre los créditos hipotecarios para las familias de clase media (sumando los ya populares créditos UVA, más otras variantes que tienen en cartera los bancos públicos y privados) dicen que los desembolsos este año alcanzan a $ 28.770 millones y trepan a $ 50.000 millones desde 2016. Desde que arrancó la operatoria UVA, en abril de 2016, el stock de estos créditos trepa a $ 14.250 millones. Su tasa de crecimiento se expandió a partir de marzo de este año, cuando se metió el Banco Nación.
La banca pública está claramente al frente en esta operatoria. El 71% de los créditos fueron otorgados por estas entidades, y el 29% por bancos privados.
“El Ministerio de Finanzas está trabajando para expandir las fuentes de financiamiento de largo plazo del sistema bancario para asegurar un crecimiento sostenible. El objetivo para 2018 es llegar a los 100.000 nuevos préstamos (equivalente al 1% del PBI), duplicando el volumen proyectado para 2017”.
En el documento de 18 paginas redactado bajo el formato “Carta de Jefatura de Gabinete”, Peña desarrolla pasado, presente y futuro de las políticas oficiales de vivienda, y enfatiza que con el cambio de Gobierno se dio un giro importante, al pasar del “Estado constructor” al “Estado facilitador”.
Ese giro, explica Peña, significa que el Gobierno genera las condiciones para que haya un involucramiento del sector privado, tanto de la construcción como el financiero. Según Peña, es “un Estado cada vez menos enfocado en la construcción de viviendas y más enfocado en facilitarles a las familias el acceso a la casa propia”.
“Un Estado constructor, como el que tuvimos en los últimos años, concentra la mayoría de sus esfuerzos en construir viviendas por sí mismo o en transferirles fondos a las provincias para que construyan las suyas. Es deficitario, difícil de controlar, caro y no tiene escala. Un Estado Facilitador, en cambio, concentra sus esfuerzos en ayudar a las familias compradoras, darle estabilidad y profundidad al mercado hipotecario y reservar la construcción con fines sociales para los casos más urgentes”.
Para las familias de clase media, el corazón del plan es recuperar el crédito hipotecario a 30 años, algo que ya está ocurriendo.
Para las familias que no pueden llegar por sí mismas a una hipoteca, el Gobierno renovó y amplió el plan ProCreAr, uno de cuyos requisitos pasó a ser que el ingreso familiar sea inferior a cuatro salarios mínimos. Sobre esta operatoria, Peña dice que “este año, ProCreAr otorgará 26.000 créditos hipotecarios para compra o construcción y 8.000 créditos para viviendas en desarrollos urbanísticos en construcción en terrenos del Estado Nacional”.
Fuente: Clarín