Envalentonados por el éxito de la jugada contra el camarista, en la Casa Rosada retomaron el plan para echar a la procuradora si ganan en octubre.
Después de varias derrotas en su objetivo por renovar parte de la Justicia, el Gobierno recobró la confianza y se prepara para una nueva batalla. Con el camarista Eduardo Freiler suspendido y en proceso de juicio político, cerca del presidente Mauricio Macri volvieron a poner en la mira a la procurada general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El resultado de las elecciones y la jugada que terminó con Freiler fuera de su despacho generaron una ola de exitismo en la Casa Rosada. Están convencidos de que la sanción que le aplicó ayer el Consejo de la Magistratura comenzó un efecto “bola de nieve”. Pero para darle impulso a esa “ola” el Gobierno necesita triunfar en la elección legislativa.
“Será postoctubre… Pero antes también tiene que resolverse su situación procesal”, dijo a LA NACION un integrante del Gabinete que participa de la estrategia que aún está en elaboración.
Desde el Gobierno siguen con atención los avances de las causas judiciales que complican a la jefa de los fiscales, enemiga número uno del presidente Mauricio Macri. En ese escenario, asoma una fecha clave: el jueves 31. Es que en 12 días Gils Carbó deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini, que la citó a indagatoria por los delitos de fraude, abuso de autoridad y cohecho en la compra de un edificio para la Procuración por más de 43 millones de pesos.
“La Justicia tiene que trabajar en mejorar su gestión y eso pasa también por revisar la actuación de sus integrantes. Lo de Freiler es un paso enorme hacia la Argentina de la seriedad y el fin de la impunidad”, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones radiales.
Si como esperan en la Casa de Gobierno el juez Ercolini decide procesar a Gils Carbó, ya habrá un argumento más para volver a intentar dar el debate en el Congreso. Hoy, en la hoja de ruta donde garabatean opciones se impone reflotar el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya cuenta con dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados. La posibilidad de removerla por decreto quedó, al menos en esta instancia, afuera.
Ese proyecto fue dinamitado por Elisa Carrió, que se negó a debatir una ley “hecha a medida de una persona”. Es que la nueva norma que fijaría en cinco años la duración del mandato del procurador y el oficialismo pretendía aplicarlo de manera retroactiva para desplazar a Gils Carbó.
“Si subsanamos esa diferencia creo que la sacamos”, anticiparon fuentes oficiales. Según pudo saber LA NACION, con un triunfo claro en los comicios estarían las condiciones dadas para avanzar con el respaldo del massismo, y lo que es más importante, de Carrió.
“Gils Carbó está en proceso de salida. Después de octubre no tendrá más apoyo y se tendrá que ir”, describió uno de los asesores del Presidente en esta materia.
La salida de Gils Carbó es una obsesión para Macri. El jefe del Estado está convencido de que la jefa de los fiscales es una “procuradora militante” que obstruye investigaciones por causas de corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas, y que “ha desatado decenas de causas contra el Gobierno sin fundamento en la mayoría de los casos, con fiscales que movió y designó irregularmente”.
Echar a la jefa de los fiscales sería un efecto directo de la elección, pero sobre todo significaría el reordenamiento del poder en el país.
Mientras tanto, Gils Carbó ya avisó que piensa resistir. Hace poco más de un mes, en una nota con LA NACION, la procuradora se quejó por la “persecución” y sostuvo que “el procedimiento constitucional y legal [para removerla] es el juicio político cuando se quiere juzgar el desempeño tanto de un ministro de la Corte como del procurador”.
Para que no queden dudas sobre la intención del oficialismo, en los próximos días se presentarán varias acciones penales contra algunos de los fiscales más cercanos a Gils Carbó. En el listado se encuentra Juan Pedro Zoni, de Justicia Legítima, pero no será el único.
“Es importante que quede claro el mensaje de que se acabó la impunidad. Comodoro Py es peor para la sociedad que Cristina Kirchner”, dijo un hombre con acceso diario al despacho presidencial.
Ayer, en tanto, continuaron las celebraciones por la jugada que terminó con la suspensión de Freiler. Dos personas se llevaron gran parte del mérito: el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de asesores del Presidente, José Torello.
“Le pusieron el cuerpo. Fue todo mérito de ellos”, reconoció uno de los hombres de confianza de Macri.
Quiénes integran el jury que decide el caso
Hay jueces, legisladores y un representante de los abogados. Serán los responsables de resolver el juicio político contra el camarista Eduardo Freiler
Jorge Ferro
Juez camarista
Miembro de la Cámara Federal de Mar del Plata, Ferro es un juez cuestionado. La Justicia y el Consejo de la Magistratura lo investigan por brindarle una supuesta protección a una red de trata de personas que operaba un co-nocido prostíbulo de esa ciudad. No descartan una recusación para que deje el jury.
Hugo Marcucci
Diputado
Radical de la provincia de Santa Fe, Marcucci es uno de los votos que el oficialismo cuenta como seguros para desplazar a Freiler. Fue uno de los diputados que presentó un proyecto de ley para que los jueces federales paguen el impuesto a las ganancias, una iniciativa resistida por la “familia judicial”.
Walter Barrionuevo
Senador
Ex gobernador de Jujuy, Barrionuevo supo ser un exponente del kirchnerismo en la provincia, ahora gobernada por radicales. Desde 2011 en el Senado, este peronista se convirtió en un voto expectante para el oficialismo, que in-tentará convencerlo para apoyar la destitución del camarista Freiler.
Silvia Giacoppo
Senadora
La jujeña ocupa un lugar en la Cámara alta en reemplazo de Gerardo Morales, que dejó su banca para asumir como gobernador. Su mandato termina el 10 de diciembre, motivo que genera incertidumbre sobre su continuidad en el jury, que podría expedirse sobre el caso Freiler después de que finalice su mandato.
Inés Cantisani
Jueza
La jueza, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital, podría ser designada como presidenta del jurado de enjuiciamiento, en consonancia con el criterio que siempre le otorga la conducción del tribunal a los jueces. El oficialismo ve con buenos ojos su designación.
Diana Conti
Diputado
Uno de los emblemas del kirchnerismo, también integra el jury. Como su-cede también con la sena-dora Giacoppo, a Conti se le termina el mandato en diciembre. Desde la oposición descuentan un apoyo a Freiler por parte de la diputada que fue vocera de las principales iniciativas judiciales de su espacio.
Raul Piaggio
Abogado
Abogado matriculado en la Capital, Piaggio es un desconocido, tanto para los oficialistas como los opositores. Su postura frente al caso Freiler es una incógnita. Piaggio se acercó en los procesos que llevó adelante el jury siempre a la postura que mantuvieron los dos jueces del tribunal, pudo re-construir LA NACION
Apoyo del Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió ayer un comunicado en el que considera “sumamente auspicioso para el restablecimiento y plena vigencia de la calidad institucional de nuestro país” que el Consejo de la Magistratura haya resuelto elevar a juicio político al juez Eduardo Freiler.
“Mediante la tramitación del juicio político que habrá de realizarse respetando, como hasta ahora, las garantías del debido proceso, los miembros del jurado estarán en condiciones de dictar su veredicto acerca del buen o mal desempeño del juez Freiler en el ejercicio de sus funciones”, expresó la entidad.
Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) coincidió en que Freiler “debe ser enjuiciado”, pero se diferenció al plantear que la “maniobra utilizada (por el oficialismo) lesiona el Estado de Derecho”.
Fuente: La Nación