Lo investigan por coimas y negocios incompatibles con su función en la compra de la imprenta.
El último intento de Amado Boudou para impedir que hoy comience el juicio en su contra por la compra de la imprenta Ciccone se vio frustrado. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) rechazó un pedido del ex vicepresidente para que no se realice el juicio y se unifique con la causa por la compra de 19 vehículos de alta gama, que recayó en el mismo tribunal. Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela Núñez Íñiguez ratificaron así que las audiencias se iniciarán la mañana de este martes en la sala AMIA, a la que Boudou ingresó poco antes de las 9:30.
Por segunda vez, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner está en el banquillo de los acusados. Esta vez es por una causa más compleja que por la que obtuvo el sobreseimiento por prescripción, por la transferencia del vehículo Honda con papeles con información adulterada.
Boudou está acusado de “abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos” La pena que enfrentaría el ex vice por los delitos que se le imputan en el marco de la causa Ciccone, va de uno a doce años de prisión.
El Tribunal fijó las audiencias para todos los martes, en el mismo horario que hoy. Según señalaron fuentes judiciales a Clarín, el juicio demandará de seis a ocho meses aproximadamente. El mismo TOF 4 es el responsable de llevar adelante -todos los miércoles-, el juicio oral y público contra Julio De Vido en la causa por la Tragedia de Once que mañana tendrá su segunda audiencia.
Lo primero que escuchará Amado Boudou junto a los demás imputados, – su amigo y socio José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri- son las acusaciones en su contra. El caso Ciccone investiga una maniobra para que el ex vice, a través de terceros, se quedara con la imprenta privada más grande de la Argentina y la única con capacidad para imprimir billetes.
Al procesarlos, el juez Ariel Lijo sostuvo que el ex vice junto a Núñez Carmona “habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Vandenbroele” (señalado como presunto testaferro).
El objetivo de la operación, según el procesamiento era “contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”.
La maniobra, por la que se acusa a Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles, se inició con la utilización de la empresa The Old Fund, que se compró el 1 de septiembre de 2009 para “facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa”. En la decisión intervinieron el ex vice y Núñez Carmona, amigo de la adolescencia y socio.
Un rol importante cumplió en la operación Vandenbroele, que sin éxito buscó negociar con el Gobierno para ingresar como arrepentido al programa de imputado colaborador. The Old Fund contaba “con un objeto amplio y dueños anónimos, y no había tenido funcionamiento hasta el momento, y contaba con una sola empleada”. La firma es accionista mayoritaria de Ciccone, y fue investiga por lavado de dinero mientras comenzaba a confeccionar papel moneda.
El circuito cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone -bajo liderazgo de Vandenbroele, Boudou, Núñez Carmona-, para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó 140 millones de pesos.
Pese a negar sus vínculos con Vandenbroele pero el juez Lijo determinó que éste último vivía en un departamento de Boudou, “pagaba sus expensas, y los servicios de cable, teléfono e Internet”.
En el extenso listado de testigos que participarán del juicio están Laura Muñoz, la ex de Vandenbroele; Graciela Ciccone (que participó de las reuniones previas a la venta de la imprenta), Agustina Seguín (ex de Boudou); Guillermo Capdevilla (director de Asuntos Jurídicos de Economía a quien Boudou le pidió opinión sobre la situación financiera de Ciccone); Fabián Carosso Donatiello (figuraba como inquilino del departamento de Boudou en Puerto Madero pero que ocupaba Vandenbroele) y Silvina Martínez (ex directora de la IGJ).