El cobro de un impuesto municipal que no tiene vigencia y que implica una recaudación de cerca de 150 millones de pesos, será investigado por la Justicia, en respuesta a una denuncia formulada por un grupo de concejales. Mariano Campero tendrá que explicar las razones de un decreto y algo más.
Otro escándalo sacude a la “Ciudad Jardín”. Tras las descalificaciones del intendente Mariano Campero a quien cometiera el sacrilegio de criticarlo por el cobro ilegal del Tributo de Emergencia Municipal (TEM), surgió una novedad judicial de importancia: la Justicia ordenó que esta situación irregular sea investigada.
La decisión se toma en función de la denuncia sobre el potencial delito de exacciones ilegales – cobro indebido del TEM, que formularon los concejales Benjamín Zelaya, Pedro Albornoz Piossek, Héctor Osvaldo Aguirre, Maximiliano García, Lucas Cerúsico y Walter Aráoz.
También se puede definir que el intendente Campero y sus funcionarios pudieron incurrir en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude contra la administración pública. Lo cierto es que con el inicio de esta investigación formal, por parte de la Justicia, la situación del intendente de la “Ciudad Jardín” y su gabinete no parece ser la más cómoda.
Pero quienes están más comprometidos dentro de ese equipo son el propio jefe de Gabinete, Manuel Courel y el contador General del municipio, Adolfo Haga. En el caso de Courel, la presentación judicial señala que “La responsabilidad del Jefe de Gabinete deviene por cuanto es coautor del decreto 1010/16 por el que se pretende prorrogar un tributo que ya estaba extinguido, con el afán de posibilitar la percepción e intimación de un tributo inexistente, arrogandose facultades legislativas, especificamente vedado por nuestra constitución provincial, cabiéndoles las mismas responsabilidades que al Intendente, sumado a esto, el jefe de Gabinete, al igual que el Intendente tiene como profesión la de abogado, de manera que no puede desconocer las consecuencias de su accionar”.
Mientras que en lo que hace a las responsabilidades que le caben a Haga, el pedido de los ediles sostiene que “al contador General se lo denuncia por ser el responsable directo del contralor, no sólo de los ingresos y egresos del municipio, sino especialmente respecto de la legalidad de los mismos, y tal como manifestamos, estaríamos ante ingresos de recursos en flagrante violación de las normas y la Constitución”.
En la presentación, a la que se dio curso al ordenar la investigación del hecho, se argumenta que “ninguno de los funcionarios denunciados puede alegar desconocimiento en la estructura normativa para impulsar el nacimiento de un tributo inconstitucional y luego exigir su cobro indebido”.
En él, los ediles subrayan que “el tributo, bien saben los funcionarios públicos y por sobre todo los abogados funcionarios, que debe estar previsto en una norma legal expresa en éste caso una ordenanza emanada del Concejo Deliberante (Código Tributario de la Municipalidad de la ciudad de Yerba Buena), y especificamente previsto en la Constitución de la Provincia de Tucumán”.
Agrega al respecto que “los denunciados, ingeniaron una maniobra cuyo fin fue darle una aparente legalidad a la percepción de un tributo”.
Cabe recordar que el TEM fue establecido por la ordenanza Nº 1747 sancionada el 30 de diciembre de 2009, con una vigencia de cinco años improrrogables a partir de su publicación, que ocurrió el 9 de abril de 2010. Si se toma en cuenta esta fecha, el vencimiento del TEM, que era por única vez, operó el 9 de abril de 2015, ya en plena gestión del intendente Mariano Campero, quien continuó percibiendo ese tributo municipal a comerciantes, industriales y prestadores de servicios, entre otros contribuyentes contemplados en la normativa de origen, pese a que no estaba en vigencia.
Unos 150 millones de pesos
Lo cierto es que, en medio de las polémicas que los funcionarios de Campero y el propio intendente quisieron instalar para descalificar a quienes les señalaban que el cobro del TEM era ilegal, la recaudación de ese impuesto municipal continuó en marcha, al punto que se siguen todos los pasos de reclamo a los comerciantes de Yerba Buena y se establecieron cronogramas que llegan incluso hasta enero de 2018. Los cálculos de quienes conocen de la materia tributaria sostienen que la recaudación por el cobro ilegal del TEM ronda los 150 millones de pesos. Desde la Intendencia de la “Ciudad Jardín” tendrán que dar las explicaciones que les negaron a los vecinos, sus propios representados, ante la Justicia. Otro hecho que implica un verdadero golpe para aquellos que pensaban que se acercaba el “cambio”. Hasta ahora sólo cambiaron los nombres de los actores, pero el libreto es el mismo.