Mauricio Macri habló por primera vez en público de mafias en abril de este año, en vísperas del paro general de la CGT. Por entonces se había referido a las mafias sindicales, empresariales, políticas y judiciales. Prometió desterrarlas. Sin embargo, el mensaje tenía un único destinatario: los gremios.
A siete meses de la declaración, tras el triunfo electoral y en proceso de impulsar reformas de fondo, Macri reitera en privado casi como una obsesión la necesidad de avanzar sobre sindicalistas que no se amolden a la ley. Solía antes apelar como caso testigo al de Omar Enrique “Caballo” Suárez, ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), pero ahora su latiguillo es con Juan Pablo “Pata” Medina , el ex referente de los albañiles de la Uocra en La Plata que cayó preso.
“Sabemos que hay más sindicalistas que operan como el «Pata» Medina. Sucede con muchos en el interior, donde todavía percibimos que hay sobrecostos en las obras y licitaciones”, confiesa un funcionario del Ministerio de Trabajo que tiene trato cotidiano con los gremios. El asesor de Jorge Triaca también escuchó del Presidente su preocupación por los sobreprecios que engordan la recaudación en negro de sindicalistas.
Gerardo Martínez es el referente nacional de la Uocra y tiene muy buena relación con Macri. La caída de Medina y la intervención de seccionales significó un alivio para el jefe de los albañiles. Martínez comenzó a ganar enemigos en la interna de la Uocra cuando modificó en 1991 el reparto de fondos ante la delicada situación económica de algunas de las delegaciones. Desde entonces, la administración central absorbe automáticamente el cobro de la cuota sindical de los afiliados y luego transfiere el dinero a las seccionales. La medida no fue aceptada por igual por los jefes distritales. En la mayoría de los casos generó disciplinamiento y verticalismo, pero en otros, como ocurrió con Medina, los empujó a convertirse en opositores y, a veces, a buscar sus propias formas de recaudación. Los díscolos son una minoría: tres o cuatro sobre un total de 54 seccionales.
Junto con la caída del «Pata» Medina se dieron casi en forma simultánea los desplazamientos de los caciques de otras seccionales que estaban en la mira y donde había denuncias similares: extorsiones a empresarios para sumar personal de más a las obras y pagos adicionales. En algunos casos se registraron problemas por la venta de drogas en las obras.
La caída de los jefes bahienses de la Uocra Humberto Monteros y José Burgos fue el primer coletazo por lo de Medina. Acumulaban denuncias penales y su modus operandi era similar al del líder platense.
El Gobierno supervisa de cerca la de Lomas de Zamora, que estuvo liderada hasta 2014 por Walter Leguizamón, quien ganó trascendencia por los enfrentamientos a tiros por el control de obras en el conurbano. Está prófugo desde hace dos años. También hay sospechas sobre la seccional de Quilmes, conducida por Juan “Lagarto” Olmedo, un hombre de Sergio Massa que es, además, vicepresidente del Concejo de Florencio Varela. El último antecedente de Olmedo fue la agresión a concejales kirchneristas en plena sesión.
En la Casa Rosada también miran hacia la Patagonia. Señalan a las seccionales de Neuquén, en la que hay dos listas enfrentadas, y Santa Cruz, que mantiene choques violentos de manera periódica con petroleros.
En Trabajo descartan una avanzada contra los sindicatos, pero advierten que seguirán de cerca el caso de la Uocra ante las denuncias, muchas veces anónimas, de extorsiones y sobreprecios en las obras.
Fuente: La Nación