El sospechoso tiene al menos tres condenas en su haber. El juez que le concedió la salida ya tenía un antecedente polémico.
Sabía que si lo agarraban ya no podría zafar, que su tiempo en la cárcel sería largo, bastante más largo de lo que había conocido en los penales de Magdalena, Olmos y Gorina en los últimos 13 años. Más aún porque “Pepito”, el hombre al que la policía detuvo por el crimen de Abril Bogado, gozaba de libertad asistida al momento de homicidio de la nena.
Fue el José Nicolás Villafañe el juez que le otorgó el beneficio, quien también resolvió así en otro caso que terminó en una masacre.
El sospechoso se resistió a los tiros al arresto que se produjo en 505 y 5, en Ringuelet, a tan solo 11 de cuadras de donde la madrugada del domingo fue baleada la nena de 12 años cuando dos delincuentes intentaron robarle el auto a su papá: sólo se llevaron la billetera. “En presencia de testigos, reconoció haber sido el autor del disparo que le quitó la vida a la menor y manifestó que se le había escapado”, dijo uno de los jefes policiales que intervino en el operativo.
El detenido por el crimen de Abril Bogado.
Identificado por la policía como José Edgardo Echegaray, de 32 años y casi vecino de la familia Bogado Scenna que hoy sufre por el crimen de Abril, “Pepe” o “Pepito” vivió -y robó- toda su vida en La Plata: en calle 506, entre 6 y 7; a tan solo dos cuadras de donde lo detuvieron y a nueve de la casa de la nena de 12 cuyo crimen le adjudican.
Según se pudo saber, desde 2004 “Pepito” entra y sale de cárcel y suma causa sobre causa: tiene al menos tres condenasen su haber y el 6 de julio de 2015, cuando dejó el penal de Gorina, fue su última vez tras las rejas.
El arma que le secuestraron a “Pepito”
Fue el Juzgado de Ejecución Penal N°2 el que le otorgó la libertad asistida tras haber sido condenado el 7 de octubre de 2013 a ocho años de prisión por una tentativa de homicidio ocurrida el 20 de noviembre de 2009, un robo calificado por el uso de arma del 22 de julio de 2010 y un intento de robo del 6 de marzo de 2010. La pena vencía recién el 22 de julio de 2018, o sea, dentro de ocho meses y 16 días.
Previo a ello, el 12 de marzo de 2009, seis meses antes de intentar matar desde una moto a tres personas que estaban en el frente de una casa en 118 y 552 de La Plata, había abandonado la Unidad Uno del penal de Olmos.
A la cárcel de Olmos había llegado luego de que el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 de La Plata lo condenara a una pena única a cinco años y cinco meses de prisión por una tentativa de robo calificada por el uso de arma del l 8 de junio de 2005 y por el mes de cárcel en suspenso que le había dado el TOC N°1 por un intento de robo ocurrido en febrero de 2004; y que lo tuvo detenido en el penal de Magdalena hasta octubre de ese año cuando logró la excarcelación bajo caución juratoria.
Libertad asistida polémica
Fue el juez Villafañe quien dispuso que “Pepito” pase a un régimen de “libertad asistida”. Previo a eso, hubo informes “favorables” del Servicio Penitenciario Bonaerense y el magistrado ordenó “el cumplimiento de normas de conducta y otras exigencias” para que pudiera mantener el beneficio procesal.
Villafañe tuvo que resolver en otros casos que también terminaron de manera trágica. En mayo de 2012 le concedió salidas laborales a un condenado, Alberto Arballo Perotti, quien 22 días después de dejar la cárcel, cometió un cuádruple crimen de Hudson: los asesinatos de su pareja, Lorena Sosa (21), la pequeña Jazmín (3), Pablo Sosa (65, padre de la mujer) y Javier Lucce (25, hermanastro de Lorena).
Según familiares de las víctimas, Perotti los habría matado para quedarse con su humilde propiedad. Este condenado había estado libre -también por decisión de Villafañe- un año antes y como violó el régimen de libertad asistida lo volvieron a encerrar. Después, el juez de Ejecución el volvió a darle una chance, el condenado reiteró la infracción y terminó prófugo: y cometió la masacre.
A Villafañe lo reconocen en los tribunales de La Plata como un magistrado con perfil “garantista”. Trabajó años en la Defensoría General de Casación Penal y luego ganó por concurso el cargo de juez de ejecución. Es crítico del estado de las cárceles -a las que recorre en forma habitual- y tuvo cruces con funcionarios del Ejecutivo en la etapa del ministro de Justicia, Ricardo Casal.