En el tramo final de la negociación entre el Gobierno y los representantes provinciales para firmar el llamado “Pacto Fiscal III” hubo muchas idas y vueltas entre la mañana del miércoles y el mediodia del jueves pasado cuando se firmó el acuerdo.
Unas horas despúes del mediodía del miércoles pasado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, atendió el llamado a su celular. Estaba reunido con sus principales colaboradores analizando los últimos detalles del acuerdo fiscal que se estaba por firmar con los gobernadores. Al atender, una voz ronca le dijo: “Venite para acá que se pudrió todo”. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al ver que en la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se caía el acuerdo, solicitó la presencia urgente de Frigerio en ese lugar.
“El acuerdo fiscal entre el Gobierno y las provincias se había caído y Rogelio nos dijo que lo acompañáramos a la sede del CFI. Llamó al secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y nos fuimos directamente para allá porque además sin ese acuerdo muchos puntos de la Reforma Tributaria se caían”, comento a Infobae una fuente del ministerio del Interior. Además de Pena, acompañaron a Frigerio a esa reunión los funcionarios Sebastián García de Luca, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero.
En el tramo final de la negociación para firmar el llamado “Pacto Fiscal III” hubo muchas idas y vueltas entre la mañana del miércoles y el mediodía del jueves pasado, cuando se firmó el acuerdo. “Se empantanó por dos cuestiones. En primer lugar los gobernadores no querían desistir de los 56 juicios que tienen contra la Nación por el reparto de la Coparticipación Federal y en segundo termino querían quedarse con parte de los 105.000 millones de pesos que la Nación le otorgará a la provincia de Buenos Aires entre el 2018 y el 2019 por la caída del art. 104, que hace caer el Fondo del Conurbano Bonaerense”, detalló la misma la fuente.
El Gobierno había mantenido muchas reuniones con los gobernadores por separado la semana anterior a la firma del acuerdo, pero la negociación final llevó unas 48 horas en el séptimo piso del CFI, donde se decidieron las futuras reglas de juego para el nuevo reparto de recursos entre la Nación y las provincias. “La reunión con Frigerio tuvo pasajes muy duros pero la máxima tensión se produjo a eso de las 14 del miércoles. Me pareció que no habría ningún acuerdo, por eso rescato la decisión del “Gringo” Schiaretti de llamar al ministro”, relató a Infobae unos de los gobernadores que participó en esa reunión. Hasta ese momento los mandatarios provinciales llevaban dos horas reunidos.
Por otro lado, sus ministros de Economía analizaban la letra chica de las modificaciones y su impacto en las cuentas provinciales desde el día anterior. “El séptimo piso donde debatíamos gobernadores, ministros de Economía y colaboradores era una especie de Torre de Babel Fiscal. Todos hablaban en un idioma diferente y solo había consenso en no desistir de los juicios contra la Nación y que nos quedásemos con algo de los fondos que iban a la provincia de Buenos Aires por la caída del Fondo del Conurbano, pero el acuerdo estaba caído a ese hora”, comentó a este medio un ministro de Economía provincial. “Afuera llovía pero todo se complicó cuando Schiaretti y el pampeano Carlos Verna se pelaron y esa discusión provocó un parate”, agregó el ministro.
La pelea, según otro de los asistentes, mostraba como está el peronismo: un gobernador muy cercano a Mauricio Macri, como Schiaretti, y un opositor, Verna, que era uno de los gobernadores que veían a María Eugenia Vidal como la más favorecida. Ante ese escenario, el mendocino Alfredo Cornejo y el jujeño Gerardo Morales solicitaron armar una comisión de cinco gobernadores para ir a la Casa Rosada a mostrarle a Frigerio los puntos de discordia. La renuncia a los juicios contra la Nación y la intención de quedarse con parte de los fondos que recibiría la provincia de Buenos Aires eran los dos puntos de esa agenda. Pero no hubo acuerdo para formar la comisión y el pedido de los gobernadores peronistas fue que “que venga Frigerio”.
El ministro llegó junto a sus colaboradores al CFI con pocas ganas de negociar pasadas las 15, para retirarse pasadas las 18. Luego, los cruces de llamadas siguieron hasta las últimas horas del miércoles. El acuerdo se cerró unas 12 horas después en el despacho del ministro en la Casa Rosada y luego se realizó la conferencia de prensa para anunciarlo.
Entre los cambios realizados en la negociación en el CFI desde el Gobierno destacan:
-Las provincias se comprometen a bajar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos por 1,5% del PBI en los próximos 5 años.
-Habrá una coparticiapción del impuesto que se cobre por la Ley de Revalúo Impositivo que se envió al Congreso de la Nación junto al Proyecto de Presupuesto 2018.
-En las 13 cajas previsionales no transferidas se eliminarán penalizaciones por no armonizar (un tenso reclamo de los gobernadores). Nación se comprometió a automatizar anticipos para paliar déficit y a incrementar el monto 2018.
-Con respecto a los subsidios diferenciales al Área Metropolitana de Buenos Aires, se decidió que la Nación se compromete a eliminar subsidios diferenciales en energía para 2019 y en transporte para 2021 por una iniciativa del gobernador cordobés Juan Schiaretti.
-Las provincias tendrán una mayor participación en el Fondo de la Soja, pero deben adherir al acuerdo para recibir la mejora.
-No se modificaran las alícuotas en Ingresos Brutos y Sellos para la actividad hidrocarburífera.
Habrá una Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios y las provincias trabajarán para aplicar la norma similar a la nacional para intendentes.
Con respecto al Impuesto Inmobiliario, acordaron que valuaciones fiscales de inmuebles converjan en el tiempo con valuaciones de mercado. Pero no será Nación quien determine el valor fiscal (lo exigieron los gobernadores). Y el rango para fijar alícuotas quedará en entre 0,5% y 2% del valor fiscal (y no ya con un tope del 1,5%).
En el Impuesto a las Ganancias hubo un retroceso con respecto a los recortes en salarios que afectaban a trabajadores por quita de exenciones o de gastos de movilidad, desarraigo, etc.
Para los impuestos sobre la nómina salarial se admitirán tratamientos diferenciales por zona desfavorable.
El llamado Pacto Fiscal III para reordenar el frente fiscal en los próximos años se puede resumir en números de la siguiente manera.
1- El esfuerzo fiscal que realizarán las provincias para bajar Ingresos Brutos y Sellos en los próximos años será de unos $150.000 millones. Esta cifra representa un 1,5% del PBI en el siguiente lustro
2- El aumento de coparticipación que recibirán las provincias por la eliminación del artículo 104 de la ley del impuesto a las ganancias será de $230.000.
3- Los fondos adicionales que recibirá la Nación por la no coparticipación del total del impuesto al cheque, que quedará íntegramente en las arcas nacionales, llegan a los $30.000 millones.
4- El monto del bono que se emitirá el año próximo para pagarles a las provincias como primera cuota a cambio de la suspensión de las demandas judiciales será de unos $5000 millones.
5- Los litigios acumulaban unos $340.000 millones para el total de las provincias y otros $400.000 millones de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense.
6- El monto del bono que se emitirá anualmente por los próximos 10 años por el saldo de la deuda con las provincias será de $12.000 millones.
7- La Nación y las provincias promoverán un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil y se ajusten en forma trimestral ajustados por la inflación.
8- Un acuerdo por el Fondo del Conurbano: Vidal retirará la demanda de la Corte tras asegurarse $44 mil millones extra para 2018 y $65 mil millones para 2019, en el marco de actualización gradual. Incluye derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, que elimina la detracción del 20% para la ANSES, que ahora recibirá 100% del Impuesto al Cheque.
9- Se impulsará en el Congreso la aprobación del Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal donde las provincias mantendrán gasto constante en términos reales en próximos años, entre otras metas.
10- Los compromisos deben cumplirse antes del 31/12/2019 y arrancó ya plazo de 30 días para enviar adhesión a Legislaturas.
Fuentes del ministerio del Interior destacaron: “Desde el Gobierno se enviaron dos señales. Una de futuro equilibrio presupuestario y otra el compromiso de buen comportamiento con la inversión privada en el futuro”. Y agregaron: “Les estamos pidiendo a las provincias que cierren el grifo de su propio gasto público y empiecen a alinear a los municipios para que el año que viene el Gobierno pueda presentar en el Congreso de la Nación un nuevo proyecto de Ley de Coopartipación Federal de Impuestos. Ya modificamos de un 70 a un 64% lo que recibe la Nación al darle unos 6 puntos a las provincias desde que asumió este Gobierno y el proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal obligará a las provincias a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años”.
Los grandes problemas hasta ahora se originaron en las provincias y de nada sirve hacer un ajuste a nivel nacional si no hay un acompañamiento en las provincias y en los municipios y por eso fracasaron el Pacto Fiscal I y el Pacto Fiscal II firmados en los 90. Fueron todos parches que solo sirvieron para que unos 100 pesos que se recusaban, el 70 por ciento se lo llevaba la Nación y el 30 restante le quedaba a las provincias. Ahora esa situación cambió a favor de las provincias.
Uno de los puntos sobresalientes del acuerdo implica la reducción de Ingresos Brutos y Sellos por 1,5% del producto bruto interno (PBI) en cinco años. La resignación de fondos de las provincias sería compensada por un aumento en el impuesto inmobiliario, dado que las gobernaciones tendrán luz verde para que las valuaciones fiscales converjan hacia las de mercado, mucho más altas que las primeras.
Los gobernadores adheridos desistirán de sus juicios por fondos ante la Corte Suprema tras negociar que la Nación les pague menos a la provincia de Buenos Aires. Un bono a 11 años por $80.000 millones con servicios por $5.000 millones en 2018 y $12.000 millones a partir de 2019, y a repartir en función de la coparticipación. Esta fue la clave para destrabar la salida política al conflicto por el Fondo del Conurbano. Se acordó tratar proyecto de ley de Reforma Previsional en el Congreso para que haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente, “garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación”. Se consensuó asegurar jubilaciones equivalentes al 82% del salario mínimo vital y móvil “para personas con 30 años de servicio y aportes efectivos Además de impulsar la eliminación de regímenes de jubilaciones de privilegio”.
También se definió establecer antes del 30/6/2018 un mecanismo llamado de “Compensaciones Mutuas” para compensar deudas y créditos recíprocos por reclamos no alcanzados por desistimientos. Además se estableció acordar antes del 31/3/2018 el monto y forma de pago de juicios con sentencia firme en la Corte Suprema de Justicia anteriores a la firma del acuerdo como el caso Santa Fe. “La única provincia que no lo suscribió fue San Luis que probablemente lo firme en los próximos días si desiste de los 14 juicios que tiene con el Estado y donde en 2 ya tiene sentencia firme a su favor de la Corte Suprema de Justicia” manifestó a Infobae la fuente del ministerio que conduce Frigerio.
Luego de firmado el acuerdo el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, resaltó que “el acuerdo que la Nación y las provincias alcanzaron para un pacto fiscal, firmado por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores, confío en que será refrendado por el Congreso antes de fin de año y se tiene y se va a cumplir”. En tanto el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que “el pacto prevé premios y castigos para cumplidores e incumplidores”, y garantizó que ese instrumento, que aún debe ser aprobado por el Congreso, estará “en plena vigencia” desde el primero de enero próximo. “No se puede vivir eternamente con déficit y de prestado”, argumentó Frigerio al defender los lineamientos del acuerdo que se rubricó con la mayoría de los gobernadores menos el de San Luis.
Fuente: Infobae