La Justicia Federal y la Policía catamarqueña allanaron la madrugada del domingo, un prostíbulo que funcionaba clandestinamente en Tinogasta y varias viviendas del departamento. Según confirmaron, rescataron a cuatro mujeres que ejercían la prostitución en el lugar y detuvieron a uno de los proxenetas, conocido como “Papito”.
El lugar, habilitado en marzo por la comuna como “Pool Candela”, es el mismo que fue clausurado en 2009 como La Torre, cuando encontraron trabajando a una menor y detuvieron a dos sujetos, condenados luego por trata de personas. El prostíbulo no habría dejado de funcionar desde su clausura, y todo el pueblo lo sabía, por lo que se cree que la policía también sabía y era cómplice ya que no hacían nada para evitar que funcionara.
El procedimiento, según confirmaron fuentes judiciales, estuvo a cargo de una oficial de policía, que pertenecería a la División de Trata de la Policía, y también estuvieron un psicólogo, trabajador social y una persona responsable del programa Antiimpunidad.
Se logró rescatar a cuatro mujeres que estaban ejerciendo la prostitución y detener a dos personas -quien habría tenido una relación directa con Carlos Palacios, condenado en 2011 por explotar la whiskería La Torre-, que ofrecería servicio de travesías en camioneta.
Candela fue clausurado en enero de este año, cuando se comprobó que seguía funcionando. En febrero, una mujer de apellido Fernández habría pedido su habilitación como Bar-Pool y la comuna, al no encontrar los oficios de la Justicia Federal sobre la clausura, concluyó habilitándolo nuevamente. Durante la investigación se comprobó que las mujeres vivían en la vivienda de uno de los detenidos con sus hijos, pero no saldrían del lugar. Ahí les llevaban mercadería para que puedan hacerse la comida.
Según los vecinos de Tinogasta, “La Torre”, como continúan llamándolo, está ubicada sobre ruta nacional 60 a unos 300 metros del Matadero municipal y “nunca dejó de funcionar”. Es por esto que les llamó la atención que desde 2009 hasta ahora la Justicia no haya intervenido y tampoco el municipio, que concluyó legalizándolo en marzo.
Las mujeres fueron contenidas por una psicóloga y una trabajadora social llevadas desde el programa Antiimpunidad. Dos de ellas serían argentinas, mientras que las otras dos vendrían de países limítrofes. Sus documentos estarían adulterados, lo que complica más la situación de los detenidos.
El delito de trata fue cuestionado fuertemente la semana pasada durante el congreso que se concretó en Catamarca. En ese momento, se aseguró que había prostíbulos funcionando con anuencia del Estado, la Justicia y la Policía y que nada se hacía al respecto. También se recordó que este mes la Justicia Federal de Tucumán instó a Catamarca a investigar la posible participación de la policía en los delitos de trata en la provincia.