El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación elevó de 400.000 a 700.000 pesos la recompensa a quienes aporten datos sobre María Cash, la joven diseñadora desapareció en Julio de 2011, cuando tenía 29 años.
A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, la cartera de Justicia indicó que “en atención al tiempo transcurrido sin haberse obtenido ningún dato concreto que sirva para dar con el paradero de la nombrada se torna indispensable incrementar el monto ofrecido como recompensa”.
Así, la recompensa para “quienes sin haber intervenido en el hecho delictual del que podría haber sido objeto, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero” de la joven, se actualizó por segunda vez, al pasar de los originales 200.000 pesos en 2012 a 400.000 pesos en 2013, y ahora a 700.000 pesos.
La resolución detalla que las personas que puedan aportar información deben comunicarse al teléfono 5300 4020, del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas.
María Cash emprendió en julio de 2011 un viaje a Jujuy, y si bien había planeado llegar a San Salvador, se bajó alrededor de 200 kilómetros antes, en Rosario de la Frontera.
Allí llamó a su amigo Juan Pablo Dumon, quien le daría alojamiento en la capital jujeña, para explicarle que se había bajado del colectivo porque no se había sentido cómoda.
Según se pudo reconstruir, la joven se presentó en un hospital y pidió que la atendieran, pero se fue antes de que el médico de turno la hiciera pasar. Se comprobó que se trataba de ella porque tuvo que dar su número de documento en la recepción.
El viernes 8 de julio, dos días después de llegar a la provincia norteña, se comunicó por última vez con su familia a través de un correo electrónico.
Lo último que se sabe con certeza es que varios kilómetros antes, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, bajó del ómnibus porque se sentía “incómoda”, según revelaron familiares, quienes además indicaron que el último contacto fue el 8 de julio, vía correo electrónico.
Durante siete meses la justicia provincial salteña llevó la causa principal, aunque a pedido de la familia también tomó intervención la jueza federal porteña María Servini de Cubría.