El juez en lo comercial Javier Cosentino, a cargo del concurso de acreedores de Oil Combustibles SA, la petrolera del empresario Cristóbal López, dispuso la intervención de la administración de la empresa hasta el 10 de agosto a raíz de retiros millonarios de dinero sin justificación y de otras irregularidades.
“Los administradores han retirado fuertes sumas de dinero sin que se haya justificado ello de algún modo en la causa”, indicó el juez en una resolución de seis carillas sobre el presente de la empresa acusada de evadir más de 10 mil millones de pesos con el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Y planteó que la nueva administración de Oil Combustibles generó un pasivo de $1.184.206.705.
La Justicia sospecha que los nuevos dueños repitieron la maniobra con el ITC. “Existe una fuerte presunción de que durante el período postconcursal, la concursada ha incumplido con el pago del impuesto a la transferencia de combustibles con la finalidad de asistir a otras sociedades del grupo como lo venía haciendo con antelación”, dice la resolución de Cosentino.
La intervención también se justifica en un informe de la sindicatura que denuncia el “deterioro de la red de distribución por la pérdida de varias estaciones de servicio, la merma de la operatoria de la refinería ubicada en la localidad de San Lorenzo (Santa Fe) y la situación crítica de una de las sociedades controladas (CPC) con importante actividad”.
El juez decidió optar por una coadministración, una medida menos extrema que la separación de los administradores actuales, al argumentar que “se encuentra en pleno proceso de gestación del que denominaron Plan Estratégico de Rescate”. Los coadministradores designados son Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega.
La intervención de Oil se da en medio de los fallidos intentos de traspaso a OP Investment, propiedad de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, y estará vigente hasta el 10 de agosto. Hasta entonces, los tres interventores presentarán un informe mensual conjunto con “detalle de las tareas llevadas a cabo en el cumplimiento de su función”.
Cristóbal López está detenido desde el 19 de diciembre del año pasado en la cárcel de Ezeiza procesado con prisión preventiva por el juez federal Julián Ercolini por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.