En el conjunto de casos denunciados, hay 19 de naturaleza penal que involucran a autoridades de los tres poderes del Estado tucumano.
Una docena de funcionarios provinciales hicieron constar que no habían autorizado el nombramiento de veedores judiciales por parte del Consejo Federal de Derechos Humanos, ámbito que funciona en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. El desconocimiento de las designaciones consta en la Declaración 2/18, que lleva la firma de representantes de Tucumán, Córdoba, Neuquén, Misiones, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Chaco y Catamarca, entre otras jurisdicciones. El documento no menciona expresamente la veeduría implementada en la Justicia de Tucumán por medio de una nota de Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo, sino que se refiere a las observaciones en términos generales.
“El Consejo Federal de Derechos Humanos reunido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de marzo de 2018, en el ámbito de la 27º reunión plenaria, manifiesta expresamente que en ningún momento y bajo ningún concepto han autorizado o emitido declaración que habilite al secretario ejecutivo del Consejo a designar letrados que compulsen o revisen causas, o retiren copias que se tramitan en los poderes judiciales de ninguna provincia argentina invocando al Consejo y a las autoridades provinciales que lo componen”, dice el documento rubricado por Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de Tucumán, y sus pares.
Previamente, en noviembre, representantes de 10 provincias habían manifestado su malestar respecto del interés de la Nación en observar una serie de procesos judiciales locales. Los firmantes habían expresado que la intervención era inconsulta e unilateral, y colisionaba con la naturaleza colegiada del Consejo Federal de Derechos Humanos. Luego, Collia se había dirigido a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para informarle que había designado a dos abogados, Ana Colombres Garmendia y Juan Roberto Robles, para tomar vistas y extraer copias en 33 procesos en desarrollo en los Tribunales provinciales, y solicitarle autorización para proceder a la compulsa, además del auxilio del Cuerpo de Auditores del alto tribunal (Colombres Garmendia es delegada de Derechos Humanos de la Nación mientras que el dirigente radical Robles actúa en al menos una de las causas incluidas en la nómina de Collia). En el conjunto de casos hay 19 de naturaleza penal que involucran a autoridades de los tres poderes del Estado.
En diciembre, el presidente Daniel Posse dijo a Collia que los observadores debían redirigirse a las oficinas judiciales que tenían los expedientes de su interés y presentarse ante los jueces, sin perjuicio de que quedaba abierta la vía de superintendencia. En los últimos días hábiles de 2017, Colombres Garmendia y Robles comenzaron a solicitar el acceso por los procesos del fuero de familia. Esa observación está en marcha, aunque aún no trascendieron los primeros resultados.
En principio, la Declaración 2/18 no tendría capacidad por sí sola para suspender la veeduría, sobre todo porque Posse no dio a los observadores una autorización en términos amplios sino la indicación de ir juez por juez, fiscal por fiscal.
La semana pasada, en una entrevista con este diario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, se refirió por primera vez públicamente a este asunto, y reivindicó la observación como una posibilidad de conocer el estado de expedientes sobre los que existían dudas, además de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. “La figura del veedor en su momento ayudó y volverá a hacerlo. Las críticas giran principalmente alrededor de lo burocrático y lo opaco que es el sistema de Justicia”, había dicho Garavano.
En paralelo, la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, repudió la política de la Nación por considerarla un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial de Tucumán. “El respeto por la división de poderes debe reflejarse en los actos y no quedar sólo en la proclama”, añadió. Y dijo que los veedores habían sido designados por un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación sin mandato ni representación. Ya en diciembre, la mayoría de los presentes en una asamblea de la Asociación de Magistrados de Tucumán rechazó la veeduría.
fuente. lagaceta