Un profundo malestar causó en el Gobierno la decisión de la Corte Suprema de Justicia que benefició a la expresidenta Cristina Kirchner al no habilitar al tribunal que la iba a juzgar y que ordenó que se vuelvan a sortear las causas por la distribución de la obra pública durante el gobierno kirchnerista y el encubrimiento del atentado contra la AMIA .
En la Casa Rosada no hay dudas del “pacto de impunidad” que sellaron el peronismo y los tres magistrados que firmaron la acordada: el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti , y los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti .
En particular, desde el Gobierno acusaron a los tres jueces del máximo tribunal que bloquearon el trabajo del Tribunal Oral Federal Nº 9 (TOF 9), porque se convirtió de un tribunal oral criminal a uno federal en diciembre de 2017, de “mantener el statu quo”.
“Es claro el mensaje: el peronismo solo quiere la impunidad. Con este fallo retrasan como mínimo seis meses los juicios contra la expresidenta”, dijeron a LA NACION fuentes cercanas al ministro de Justicia, Germán Garavano .
La resolución de la Corte también aceleró la definición del reemplazo de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó . El comportamiento del peronismo, junto con lo que el Gobierno califica como “el sistema”, terminó por convencer al jefe del Estado de que designará jefa de los fiscales a la jueza Inés Weinberg de Roca, integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño.
“El objetivo es recortar el poder de Comodoro Py y del sistema. Es una persona de fuera de estos ámbitos, que no tiene compromisos”, destacaron cerca del Presidente.
El nombre de Weinberg de Roca será propuesto a más tardar la primera semana de abril. Así, el Gobierno aspira a que se transforme en la sucesora del procurador interino Eduardo Casal.
Si bien se trata de una figura lejana para el peronismo, que incluso herido y a la defensiva conserva los votos necesarios para subir o bajar la barrera del Senado -paso necesario para su designación-, el Gobierno confía en su relación con los gobernadores para sortear cualquier dificultad. Aunque nadie se atreve a arrojar un resultado final.
En la Casa Rosada todas las miradas se posaron sobre Lorenzetti, Maqueda y Rosatti por no habilitar al TOF 9, que hasta ayer tenía que decidir sobre el primer megajuicio por presunta corrupción del kirchnerismo y el caso del presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, por el que está procesada Cristina Kirchner.
Los tres integrantes de la Corte -Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz votaron en disidencia parcial- resolvieron que se sortearan nuevamente. Además exhortaron “enfáticamente” a la Cámara de Casación, que fue la que había asignado las causas, a que en lo sucesivo “se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Lo paradójico es que el tribunal, que integran Alejandro Becerra, Silvia Mora y Alejandro Nocetti Achával, ya había recibido y juzgado casos federales que le envió la oficina de sorteos de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal.
fuente. la nación