Sobre llovido, mojado. Aún no se aquietaron las aguas de aquel escándalo que sacudió a la Secretaría de Deportes de la Nación, a cargo de Carlos Mac Allister, debido a una acusación de tráfico de influencias que se orientaba a favorecer la adjudicación de piletas olímpicas de la firma Myrtha Pools y que le costara el cargo al entonces subsecretario de Deportes, Orlando Moccagatta, y ahora surge una nueva investigación por otro caso de corrupción.
Cabe aclarar que entre las situaciones señaladas como posibles irregularidades de Moccagatta, se encontraba la supuesta construcción de una pileta olímpica climatizada en la sede de la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Según un informe publicado por el periodista Germán Leza, del diario La Nación, la nueva causa judicial se encuentra caratulada como “abuso de autoridad” y “violaciones de los deberes de funcionario público” e involucra a Mac Allister y a un alto funcionario del Cenard.
En esa nota se da cuenta de un operativo judicial que se llevó a cabo el pasado martes 10 de marzo en la Secretaría con el objetivo de reunir documentación sobre la denuncia. La investigación está vinculada a un proyecto denominado “Descentralización del Mediano y Alto Rendimiento del Deporte, Complejo/Estadio para el rugby URBA”. La impulsa el fiscal Ramiro González, en la órbita del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo.
En la denuncia inicial, se señala que el trámite para conseguir un terreno en Ezeiza para la URBA no prosperó porque “todo parece indicar” que se esperaba “algún arreglo espurio.
“La denuncia no tiene seriedad ni sustento: es importante aclarar que la Secretaría de Deporte de la Nación no administra terrenos más allá de los propios y tampoco cuenta con facultades para disponer de inmuebles del Estado”, respondió Mac Allister, a través de un comunicado.
La Gendarmería, que ingresó en la Secretaría ubicada en el barrio de Núñez, portaba una orden de presentación dirigida al secretario de Deporte y al funcionario del Cenard. En ambos pedidos se requería información sobre el proyecto mencionado.
Lo que se investiga es una gestión, realizada por un abogado autorizado por la URBA, para que la Secretaría le solicitara a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la cesión de unas tierras contiguas al predio que la AFA posee en Ezeiza. El plan era que la URBA, principal liga regional del rugby con 88 clubes miembros, desarrollara allí un centro de medio y alto rendimiento, con un estadio multipropósito para 35.000 personas, canchas de rugby y un espacio donde los planteles pudieran concentrarse.
En febrero de 2017, el entonces subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Ramiro Giménez, envió una nota de apoyo a la iniciativa. También se adjuntó una nota similar del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. En la denuncia judicial, se asegura que la presentación del proyecto se hizo el 19 de mayo de 2017 y que el trámite jamás avanzó porque “todo parece indicar que se estaba esperando algún arreglo espurio a cambio de la consecución de la tramitación relativa a la donación del predio para la construcción del Complejo”.
La secretaría afirmó haber respondido en tiempo y forma sobre la información que solicitó el juez Lijo. “Hasta ahora lo que sabemos es que, en su oportunidad, la URBA se presentó ante la Secretaría a efectos de manifestar su adhesión a un proyecto elaborado por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, manifestando además que no contaban con terrenos propios, sin expresar solicitud alguna en esa presentación”, afirmó Mac Allister a través del comunicado. Desde la Secretaría añadieron: “No tenemos en trámite ninguna solicitud por parte de la URBA ni de otras organizaciones para la adjudicación de terrenos”.
Fuentes de la URBA admitieron que un abogado fue autorizado para presentar el proyecto, pero señalaron que la decisión de presentarse ante la Justicia no fue propia sino de un particular.
Es la segunda vez que la secretaría queda bajo la lupa de la Justicia en los últimos meses. A fines de noviembre, también por orden del juez Lijo, se buscó evidencia por un posible tráfico de influencias. El funcionario apuntado era el entonces subsecretario de Deporte Orlando Moccagatta y se investigaba si había favorecido a la empresa Myrtha Pools en la adjudicación de piletas para el estado nacional. En junio pasado, una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en la Secretaría de Deporte había advertido sobre la falta de pautas en los subsidios y recomendó revisar el proceso de otorgamiento y aprobación de los mismos.
https://www.lanacion.com.ar/2118246-la-secretaria-de-deporte-esta-otra-vez-bajo-la-lupa-judicial