Julio De Vido quedó procesado días atrás por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a la empresa Odebrecht en la ampliación de dos gasoductos obras licitadas entre 2006 y 2008. La licitación oficial se realizó por 2.300 millones de dólares y, según el juez Daniel Rafecas, fue un “proceso direccionado” para otorgar los contratos a la firma brasileña. Hasta 2015, se pagaron por dicha obra 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos, según pudo saber Clarín. Pero la obra que impulsó el ex ministro de Planificación no será terminada. Según el Gobierno, no tiene sentido retomarla. Plata quemada.
Durante la instrucción de la causa, el juez Rafecas determinó desde su rol de Ministro de Planificación Federal, De Vido realizó “una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht” para obtener los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–”.
Odebrecht es la firma brasileña que reconoció haber pagado -al menos- 35 millones de dólares en la Argentina. También lo hizo en otros países de la región, con consecuencias muchísimo más graves y dimisiones de presidentes incluidas, como en Perú.
En nuestro país, las obras del gasoducto debían ser negociadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), pero “fueron acordadas bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial”, remarcó la Justicia, y así terminaron en manos de Odebrecht.
El primer número oficial para el Proyecto de la Ampliación de la Capacidad de Transporte Firme de Gas, firmado con Cammesa y Albanesi, que subcontrataron a Odebrecht, fue de 1.427 millones de dólares. Le siguieron 72 instancias administrativas, incluidas las adjudicaciones e intervención de la firma brasileña investigada por haber pagado sobornos en Argentina para obtener obras. La obra ya en ejecución, tuvo un último número de 2.300 millones de dólares: 873 millones de dólares más.
Los pagos a Odebrecht desde el Gobierno kirchnerista, desde 2007 a 2015 fueron en pesos y en dólares. Según pudo constatar Clarín, en el caso del gasoducto, en el expediente judicial se corroboró que se hicieron pagó por 1.500 millones de dólares y 13.000 millones de pesos.
La obra, sin embargo, no se concluyó y aunque tuvo un avance considerable, “el mismo no se condice con la cifra desembolsada”, explicaron a este medio fuentes judiciales.
Después de la denuncia presentada por Nación Fideicomiso, que participaba de la ingeniería financiera, el expediente avanzó buscando determinar los sobrecostos en la obra. “Se violó el monto original a través de la firma de adendas privadas que iban modificando los costos sin controles”, señaló una fuente judicial.
Las cifras millonarias que pagó el Gobierno anterior a Odebrecht no fueron únicamente por la obra central que era la ampliación de los gasoductos, sino también por diferentes trabajos complementarios que para la Justicia podrían haber sido el medio “utilizado para modificar los costos originales de obra”.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, rescindió en 2016 la obra por diversas irregularidades “y sobreprecios en actuaciones puntuales”, como las ofertas de Odebrecht para construir colectores para la planta compresora Beazley y para la Planta Pichanal.
Sólo en febrero de 2006 el costo de obra de la primera etapa pasó de 827.960.000 dólares a 1.182.270.000 dólares. “No se encontró documentación que justificara las diferencias de estimación de costos entre etapas”, señaló el informe pericial. Sólo como muestra “de la falta de controles”, indicaron fuentes judiciales.
Según indicaron a Clarín, la obra planteada por el extinto Ministerio de Planificación está suplida con otros proyectos que garantizan la provisión de gas a diferentes sectores del país. Estimando los costos de la obra que tuvo Odebrecht durante la gestión anterior, se planteó que “se podría haber hecho por mucho menos” y al considerar que la obra no era “imprescindible”, el Gobierno decidió no volver a relicitarla. Consuelo: al menos se usarán unos caños que quedaron en la Aduana.
fuente. clarín