La posibilidad de que el juicio oral y público de la denominada causa “DAU” fuera postergado por segunda vez en seis meses generó idas y vueltas en los tribunales penales. Por fin, las cuestiones administrativas fueron subsanadas, según confirmaron fuentes judiciales, y el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Ángel Brito, deberá comparecer el miércoles ante la Sala VI de la Cámara Penal.
El ingeniero será el primer funcionario de la administración alperovichista en ser juzgado por presuntos hechos de corrupción.
En agosto de 2014, la ex jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera, al confirmar el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Arnoldo Sausnábar, confirmó las acusaciones por los supuestos delitos de fraude a la administración pública y de negociación incompatible con el ejercicio de su cargo como titular de la DAU.
El expediente, conformado a partir de la denuncia de los radicales Silvia Elías de Pérez (senadora) y Ariel García (legislador), estuvo cerca de un año y medio bajo el análisis de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Capital.
Una vez ratificado el procesamiento, Brito -que es defendido por el abogado Arnaldo Ahumada– quedó a las puertas del juicio oral, que será tramitado por los vocales de la Sala VI. En principio, el debate estaba previsto para noviembre pasado. Por problemas de agenda de las partes, fue postergado hasta el miércoles próximo. Pero en la semana que pasó, surgieron cuestiones administrativas que hicieron pensar en otro posible aplazamiento de la audiencia inicial.
El tribunal original iba a estar compuesto por los vocales Stella Maris Arce -presidenta de la Sala-, Alicia Freidenberg y Marta Cavallotti. Finalmente, esta última magistrada no será parte de la audiencia, por lo que se sorteó a un nuevo integrante de la cámara penal. Allí surgió el nombre del juez Pedro Roldán Vázquez, de la Sala I. Sin embargo, el magistrado forma parte del Jurado de Enjuiciamiento que está llevando a cabo el juicio político contra dos juez de Paz,Pedro Antonio Núñez (Los Gómez) y José Solano Lazarte (Alto de Anfama). Como la ley que regula este proceso establece plazos impostergables en cada etapa, Roldán Vázquez advirtió a la Sala VI que no podía integrar el tribunal de la causa “DAU” por el momento, aunque estaba disponible para una fecha posterior. Ante esta situación, se procedió a un nuevo sorteo, y se designó a la jueza María Elsa Molina, también de la Sala I. Por fin, con esta camarista el tribunal que juzgará a Brito quedó completo.
La fiscalía de Cámara estará a cargo de Carlos Saltor. Según la investigación penal, el ex director de la DAU cometió presuntas irregularidades en la contratación de empresas y en la ejecución de obras públicas. Uno de los elementos clave de la pesquisa fue la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas, integrado por Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci. Este informe detectó supuestas anomalías en 86 de casi 500 trabajos efectuados entre 2008 y 2012, bajo el amparo de la ley 7.960. Esta norma establece un régimen especial para compras y contratos sin licitación -y otras excepciones a la Ley de Obras Públicas-. Según la sentencia de elevación a juicio de la causa, Brito “abusó de la discrecionalidad” que le otorgaba ese sistema -aún vigente-, ya que le permitía realizar contratos directos por hasta $ 150.000, en casos de necesidad y urgencia. Según Lenis de Vera, hubo proyectos en los que se desdoblaron las etapas del trabajo para evitar el tope fijado por la ley, y así sortear las licitaciones.
fuente. lagaceta