María Cristina del Valle Cuezzo es en la actualidad fonoaudióloga de profesión. Pero años atrás, durante la gestión de Miguel Ángel Brito al frente de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), puso a su nombre la firma Val Match, que operó como proveedora de materiales y de mano de obra para la repartición. “Mi marido (Christian Edgardo Jugo) se ocupaba de todo. Yo tengo plena confianza en él, y era algo que estábamos haciendo como familia. Por eso, la mayor parte de las cosas las desconozco”, narró ayer, en carácter de testigo, ante las juezas de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elisa Molina.
Aunque dijo que no tenía demasiados datos para aportar, Cuezzo confirmó una información que podría resultar un indicio de los presuntos manejos irregulares en la DAU en la administración de Brito (de 2007 a 2012). Además de haber sido contratista de esa oficina del Estado, la mujer abonó propaganda política a favor del acusado en la campaña de 2011, cuando este integraba una lista de candidatos a legisladores que iban “acoplados” a la fórmula oficialista José Alperovich–Juan Manzur.
“Le voy a pedir que se esfuerce por recordar, porque esta pregunta es muy importante para la causa. ¿Contrató usted esa publicidad en Canal 10?”, le consultó el fiscal de Cámara, Carlos Saltor. La testigo, que vestía un ambo azul, aclaró otra vez que el trámite estaba a su nombre, pero quien se encargaba era su esposo. “Sí sé que se compró esa propaganda para el señor Brito”, afirmó la fonoaudióloga. Y agregó: “en ese momento, mi marido me dijo que había que contratar esa publicidad; no sé por qué surgió eso, sólo sé que tenía que hacerlo. Si fue una solicitud, una sugerencia o un simple apoyo a la gestión, no lo sé”.
Cuezzo no pudo determinar si todo esto fue producto de la relación comercial que existía con la DAU. Por eso, las expectativas están puestas sobre la declaración de su esposo, Jugo, también citado como testigo en la causa.
Brito está acusado de los presuntos delitos de fraude al Estado provincial y de negocios incompatibles con el cargo que ocupaba. Según la investigación, formulada a partir de la denuncia de los radicales Silvia Elías de Pérez (senadora) y Ariel García (legislador), el ex funcionario alperovichista habría realizado una aplicación abusiva de la ley 7.960, que habilitaba a la DAU a realizar compras y contratos sin licitación -previo cotejo de precios, y en casos de urgencia y de necesidad prioritaria- por hasta $150.000. La sospecha es que Brito utilizó este régimen de excepción para contratar empresas en situación irregular, algo que él -defendido por Arnaldo Ahumada y María Fernanda Battig- negó ante el tribunal.
Ayer, en la séptima audiencia del juicio oral, Cuezzo relató que decidió conformar Val Match junto a su esposo para trabajar como contratista del Estado. Según el expediente, esta firma facturó $185.000 a la DAU (US$ 37.000 al cambio de aquel entonces) entre enero y octubre de 2011. “Yo era ama de casa y estaba abocada a mis estudios. Sólo hacía lo necesario, como algún escrito o un trámite bancario”, advirtió Cuezzo en su declaración. Por eso, aclaró, no pudo contestar las preguntas del fiscal sobre cuánto había obtenido Val Match por la venta de materiales y la provisión de mano de obra. Sí confirmó que la firma no tenía empleados ni depósito, sino que actuaba como una suerte de “intermediaria” entre otros negocios del rubro y la DAU. “De hecho, el domicilio (de la empresa) era mi domicilio particular”, aseveró la ex proveedora.
“No la conozco”
Brito, cuando declaró al inicio del juicio oral, había sembrado dudas en torno a Cuezzo. “No la conozco. Sólo sé que se la ha usado o se ha dejado usar para desprestigiarme”, dijo, en alusión a que Elías de Pérez aportó la evidencia del pago de su propaganda en Canal 10 (agosto de 2011). El acusado añadió que la fonoaudióloga “ha pretendido cobrar una serie de facturas que yo supuestamente he firmado, pero aquí creo que hubo una falsificación; pido que la Justicia llegue hasta las últimas circunstancias”.
Según la causa, Cuezzo pidió por nota el pago de materiales por unos $34.000 el 9 de agosto de 2012, siete días después de la renuncia de Brito a la DAU; pero los productos adquiridos no llegaron a la repartición, expresa la imputación. “Eso fue después de mi gestión”, alegó el ex director.
La semana próxima, si es que la agenda del juicio le permite testificar, el esposo de la ex proveedora Cuezzo podría aportar nuevos datos sobre estos asuntos.
fuente. lagaceta