Entre las posturas divididas, el oficialismo de la comisión de Juicio Político de la Legislatura impuso su número y resolvió el archivo del pedido de destitución en contra de Roberto Guyot, juez de Ejecución de Sentencias en lo Penal del Poder Judicial de la Provincia.
El magistrado había sido objeto de un planteo de remoción por parte de Graciela Dubrez, representante del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina (OIPA). La entidad consideraba que Guyot había incurrido en las supuestas faltas de mal desempeño e incumplimiento de sus deberes respecto del caso del preso Fernando Sebastián Medina, cuyo homicidio fue perpetrado en el penal de Villa Urquiza en noviembre pasado. “Medina, el recluso que denunció a los guardias de la prisión (por) obligarlo a vender drogas y que fue asesinado (por otro reo), fue trasladado sin motivo desde seccional 7ª a la cárcel”, sostuvo Dubrez en el escrito.
Según la referente de esa entidad, hay testimonios que desmienten la versión oficial, según la cual el preso había protagonizado incidentes en la comisaría y, por esa razón, había sido trasladado a la principal penitenciaría tucumana.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, que preside el oficialista Zacarías Khoder, había resuelto correr traslado de la acusación al magistrado. Según Julio Rougés, su abogado, Guyot actuó como correspondía. “No puede responsabilizarse a un juez por las consecuencias de la desobediencia de sus mandatos”, dijo. Y añadió que el 8 de septiembre de 2017, Guyot dispuso el traslado del penado desde la cárcel hasta la seccional 7ª.
“Acogió una petición formulada el mismo día por ese pobre hombre. Evaluó, para así decidirlo, que en el penal de Villa Urquiza la vida de Medina corría un serio peligro. El traslado se hizo efectivo cumpliendo en esa fecha lo explícitamente mandado y, fuera del ámbito carcelario, se resguardó la integridad física del penado”, señaló Rougés. Y agregó: “Medina fue ilegítimamente sacado (de la comisaría) por (efectivos) del servicio penitenciario provincial, que se alzaron contra un mandato judicial pese a que era evidente el riesgo”.
Si bien los fundamentos por los cuales se archivó el caso no fueron divulgados, el oficialismo de la comisión de Juicio Político consideró que no había causal para la remoción del juez de Ejecución de Sentencias. Votaron en disidencia Eudoro Aráoz (UCR) y el macrista Alberto Colombres Garmendia. Según el dictamen del radical, que proponía avanzar con el proceso, el preso había advertido tras su traslado al penal que iban a matarlo. “Guyot no proveyó un nuevo hábeas corpus, permitiendo con su negligencia el ataque y el posterior fallecimiento del interno”, indicó.
fuente. lagaceta