Con esas expresiones el legislador radical Ariel García, se refirió a la presentación de una nueva denuncia por los 31 casos de obras que tienen irregularidades verificadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia. En el escrito el parlamentario sostiene que el ex gobernador José Alperovich no pudo estar al margen de las acciones de Miguel Brito.
Son 31 razones más para acudir a la Justicia. Ese pareció ser el razonamiento aplicado por el legislador radical Ariel García -uno de los denunciantes e impulsores del juicio por corrupción en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU)-, quien realizó una presentación con ese número de obras con irregularidades que no se incluyeron en el proceso judicial actual que tiene como principal acusado a Miguel Brito.
La nueva denuncia, por supuesto, también apunta a las responsabilidades que le caben a Brito, como ex titular de la DAU, pero también involucran al ex gobernador José Alperovich, por considerar que hubo una asociación ilícita para cometer hechos de corrupción con la obra pública.
“Las maniobras fueron concretadas malversando caudales públicos o posiblemente enriqueciéndose ilícitamente un grupo de funcionarios, empleados y proveedores irregulares que, bajo la jefatura del ingeniero Brito y del ex gobernador de la provincia, José Jorge Alperovich, habrían conformado una asociación ilícita”, dijo García en la denuncia.
El vicepresidente segundo de la Cámara, concurrió a la Fiscalía de turno en compañía del legislador Raúl Albarracín, y sostuvo ante los medios de prensa que “hay pruebas contundentes de la relación que tenía el ex gobernador Alperovich con la DAU y con su titular, al punto que hasta se realizaron obras en la casa de una de las hijas del mandatario, las que fueron cobradas en la repartición”.
La nueva denuncia promovida por García se dio luego de que, mediante una resolución dividida, la Sala VI de la Cámara Penal, desestimara tratar esas 31 irregularidades en el marco del juicio que se lleva a cabo contra el ex funcionario alperovichista imputado por los presuntos delitos de fraude al Estado y de negocios incompatibles con el cargo que ocupaba.
Justamente García, uno de los firmantes de la denuncia original contra Brito en 2012 -junto a la hoy senadora Silvia Elías de Pérez, también de la UCR- concurrió a la sede penal de Tribunales y formuló una nueva acusación al ex director de la DAU por aquellos hechos que no forman parte del juicio oral en curso.
Cabe recordar que las obras objetadas forman parte de una auditoría del Tribunal de Cuentas (TC) que fue girada días atrás por pedido del fiscal de Cámara, Carlos Saltor, y con la venia de las juezas Alicia Freidenberg (presidenta), María Elisa Molina y Stella Maris Arce.
Decisión dividida
El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado ampliar el requerimiento de elevación a juicio, que contempla los 39 casos originales, y sumar las 31 obras que habrían sido pagadas pero no ejecutadas o no concluidas. El daño estimado al erario asciende a unos $2 millones, a valores de 2012. Pese a que se daba por sentada la posibilidad de que se incluyeran las mencionadas obras, en la audiencia del martes de la semana pasada, las juezas Freidenberg y Molina votaron por rechazar el planteo de Saltor. Arce se expresó en disidencia, y entendió que sí debían añadirse los 31 expedientes observados.
Situación complicada
El proceso judicial que tiene en el banquillo de los acusados a Brito, está bastante complicado para el ex funcionario. En el transcurso del juicio, no sólo se probaron adjudicaciones directas y sobreprecios, sino que también las empresas beneficiadas fueron de amigos o personas cercanas a Brito. Además hubo testimonios que lo vincularon con el pedido de pago de publicidades electorales a proveedores que tenían la necesidad de cobrar pagos pendientes de la DAU. También surgió la realización de obras en la casa de una de las hijas del ex gobernador Alperovich. Las explicaciones dadas por Brito no convencieron y su situación frente a una potencial condena es compleja.