Fue la dura advertencia de la Iglesia al Gobierno de Mauricio Macri. El presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, advirtió sobre la creciente inequidad y el ajuste que afectará a los pobres, en presencia de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.
“El ajuste no lo tienen que pagar los pobres”, fue la directa alusión del presidente del Episcopado argentino, monseñor Oscar Ojea, sobre las imposiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hará a la gestión de Mauricio Macri.
El prelado planteó que más del 60% de la masa laboral cobra salarios por debajo de los 15.000 pesos. Y se llevó un sonoro y largo aplauso del auditorio presente en la inauguración de la Semana Social, que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Quienes recibieron en vivo y en directo este mensaje de la Iglesia Católica fueron la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.
El presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones, también advirtió sobre miles de despidos y suspensiones, empresas y comercios que cierran, parques industriales inactivos o que no abren y niños no escolarizados que ni siquiera tienen una copa de leche al día.
Lugones, obispo de Lomas de Zamora, quien es muy cercano al Papa Francisco, sostuvo que “también falta sentir, falta sensibilidad social. Tenemos en la Argentina un número importante de indigentes, que nos duele”. El mensaje fue bastante duro si se tienen en cuenta los que se vienen dando en las últimas ediciones de la Semana Social.
El mensaje de los obispos fue contundente y crítico de punta a punta. Ojea resaltó la inquietud que existe a diario sobre a quién recibe o a quién le envía un rosario el Santo Padre, pero cuestionó esas mezquindades y lamentó que en el país del Papa “se escamotea el pensamiento del Papa”. Y acusó a los que “miran para otro lado” frente a una doctrina y “magisterio social” que en estos años baja desde el Vaticano.
No por casualidad recordó el documento en el que Francisco presentó nuevas normativas éticas para el sistema financiero internacional, proponiendo alternativas más humanitarias “ante consecuencias desastrosas del capitalismo salvaje”. “Han demostrado crear crisis sistémicas en todo el mundo”, recordó. Frente a estos escenarios, con impactos sociales directos, Ojea reclamó “escuchar el grito de los pobres”.
Las críticas de la Iglesia encontraron gestos de aprobación desde las primeras filas, donde se ubicaron el presidente del PJ, Gustavo Menéndez; su futuro sucesor a fines de año e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray; el exprecandidato a gobernador provincial Julián Domínguez, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quienes casi a coro coincidieron con el diagnóstico que presentó Lugones.
La inquietud sindical
Pero la Iglesia no es la única que mostró preocupación por los posibles ajustes, que perjudicarán miles de fuentes de trabajo en el país. El paro de actividades del lunes pasado mostró un alto nivel de acatamiento, debido a la participación de los sindicatos más poderosos, que ven en la iniciativa de reforma laboral la pérdida de importantes conquistas logradas a lo largo de la historia sindical argentina.
La preocupación de las bases por la reducción salarial, la pérdida del aguinaldo y de otros beneficios, además del aumento de la edad jubilatoria, generó una caja de resonancia que hasta el momento fue minimizada por los funcionarios de la gestión nacional, quienes señalaron que el paro no solucionaba nada.
Los sectores sindicales también están reclamando la reapertura de paritarias o la aplicación de las cláusulas gatillo que se firmaron en función del comportamiento de la inflación. En ese sentido, las proyecciones de un techo del 15% por parte del Gobierno han sido superadas y a ello se suma el acuerdo de incremento salarial del 25% del sector de camioneros. La situación preocupa a más de uno.
Ariel García: “El Radicalismo surgió como la causa de los desposeídos”
La preocupación por los ajustes que se avecinan también se refleja en las expresiones de dirigentes políticos. Es el caso del legislador Ariel García, quien es el líder del Movimiento Boina Blanca en la provincia.
El parlamentario, quien es vicepresidente segundo de la Cámara Legislativa, sostuvo en su cuenta de Twitter: “El ajuste no lo tienen que pagar los pobres. Somos la @UCRNacional, el partido que incorporó el artículo 14 Bis (en la Constitución) para defender a los trabajadores”.
Mientras que en declaraciones formuladas a Diario Cuarto Poder, el parlamentario provincial señaló que “como radicales mantenemos nuestras banderas de defensa de los más débiles y no convalidaremos un ajuste salvaje que perjudique a los trabajadores y a los que menos tienen en nuestro país”.