“Yo ahora también tengo un abogado. Él dice que me va a ayudar a que me den este terreno de aquí donde estamos”, insiste.
¿Ambición? ¿Solidaridad? ¿Presión del entorno? ¿Ignorancia? ¿Qué puede llevar a una mujer sola, con tres hijos pequeños, a rechazar la donación de un terreno y de una vivienda? Esto es lo que se preguntaba ayer el delegado comunal de El Manantial, Juan Carlos Bernard, cuando recibía el desaire de Dorila Josefa Gómez.
“El lugar donde me quieren mandar es muy feo, así que no lo acepto. El terreno es un asentamiento, y para eso me quedo donde estoy. Aquí, mañana (por hoy) EDET nos va a poner la luz y los medidores comunitarios”, se cerró Dorila con firmeza. Su voz resuena como un cachetazo para los miles de tucumanos que se conmovieron con la historia de esta mujer de 32 años, que desde hace un año y seis meses vive en una carpa construida por ella misma, con desechos de piletas de lona y palos. La mamá de Manuel, Cristian y Noelia, de seis, cinco y tres años, respectivamente, afirma que prefiere vivir en un predio que, según el delegado comunal, ya es objeto de un juicio por desalojo. Son cinco hectáreas ubicadas en la zona de Gobernador del Campo, Santiago del Estero y avenida Roca, en El Manantial.
“Ahí donde me quieren mandar (barrio El Portal II) te vas y cuando volvés no tenés tus cosas. Yo tengo poquito pero no quiero que me lo roben”, argumenta. La actitud de Dorila es otra. La voz es seca, cortante. “Además nunca me han dicho que me van a dar los papeles de la casa. Yo he dicho que si me dan la casa prefabricada, agradezco, pero la saco de ahí y la traigo para aquí. Pero me han contestado que eso no se puede, que es ahí, donde ofrecen, o nada”, cuenta.
El delegado se agarra la cabeza. “No es un asentamiento. Hace nueve años que los vecinos ya tienen la tenencia precaria de los terrenos y hace cinco que cuentan con el medidor comunitario para la luz. Es un barrio en formación”, explica Bernard. “Además le vamos a entregar con mesas, sillas y tres camas. Nuestro compromiso es que después de dos semanas le vamos a empezar a construir una casita de material con dos piezas para ella. Desde esta misma tarde (por ayer) ya puede ir a habitarla”, resopla.
Dorila está segura de que sus vecinos actuales la van a ayudar. “Somos 190 personas las que vivimos aquí, entre ellas hay algunas discapacitadas. Ellos ya tienen un abogado que está por pedir la expropiación de los terrenos. Somos muy unidos. Hace un año hemos pagado entre todos y hemos hecho abrir las calles con una máquina”, cuenta. “Yo ahora también tengo un abogado, se llama Dante y trabaja en la Municipalidad de la capital. Él dice que me va a ayudar a que me den este terreno de aquí donde estamos”, insiste.
Fuente: La Gaceta