Luego de que el ex funcionario admitiera —en la causa de los cuadernos— el cobro de coimas en los corredores viales, los familiares de las víctimas volvieron a señalarlo como corresponsable de las diez muertes
Los familiares de los 9 alumnos y una docente del colegio Ecos muertos en 2006 en un siniestro vial reimpulsarán una denuncia penal contra Claudio Uberti por falta de controles en las rutas.
La decisión se tomó luego de conocerse las declaraciones del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) ante la Justicia —en el marco de la causa de los “cuadernos Gloria”— en las que admitió que recaudaba coimas de quienes explotaban rutas y estaciones de servicios.
“La corrupción mata por dónde la mires. En este caso fue por la inacción. Y hubo una cadena de responsabilidades. Uberti robaba para la corona y no hacía su trabajo. Se tiene que hacer cargo de las muertes de tantos chicos inocentes y con futuro como los nuestros”, señaló a Infobae Sergio Kohen, padre de Nicolás, uno de los alumnos fallecidos.
La denuncia original contra Uberti se presentó el 27 de diciembre de 2007. Entonces, el juez Daniel Rafecas la desestimó. Además del ex director del Occovi, la demanda involucraba al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, al ex subsecretario de Transporte Automotor, Jorge González, y a quien fuera jefe de la policía de la provincia de Santa Fe al producirse el hecho, comisario Jorge Pallavidini.
El siniestro ocurrió exactamente a las 22.15 horas del domingo 8 de octubre de 2006. Los chicos regresaban del Chaco, donde habían ido a realizar tareas solidarias. En el kilómetro 689 de la ruta nacional 11, en la localidad santafesina de Margarita, el micro que los trasladaba impactó de frente contra un camión con acoplado que se cruzó de carril.
Ángel Ernesto Soto, el chofer del camión de Expreso Sarita—que murió al igual que su acompañante— estaba alcoholizado y manejaba en zigzag. Oscar Eduardo Atamañuk, el conductor del micro de la empresa Godoy, viajaba a mayor velocidad que la permitida y no respondió con profesionalismo: en lugar de disminuir la velocidad, e ir hacia la banquina, intentó cambiarse de mano.
¿Por qué la denuncia presentada en su momento por el abogado Marcelo Parrilli se extendió a los funcionarios públicos? En principio porque ningún control policial tomó medidas pese a que Soto efectuó durante horas maniobras irregulares, según denunciaron numerosos conductores. Concretamente, el camión Fiat Iveco recorrió 432 kilómetros (241 km de Vera a Nelson y 191 km de Nelson a Margarita) casi en constante zigzagueo sin que nadie lo detuviese.
Pero además, de acuerdo al escrito, le corresponde a los funcionarios públicos, provinciales y nacionales, la responsabilidad por “abuso omisivo de poder”, o sea, por no aplicar las disposiciones legales y reglamentarias de control y fiscalización de los servicios de transporte y de los corredores viales.
“De otra manera no puede explicarse que tampoco la referida concesionaria (Vial 3 S.A.) no tomara medida alguna de seguridad en la ruta nacional 11, permitiendo el tránsito de un conductor alcoholizado, transitando en zigzag durante más de 400 km sin efectuar, aunque más no fuera, una denuncia policial”, señala la denuncia.
“Mi hijo ya está muerto pero como ahora Uberti está soltando todo lo que se choreó sabemos que, con eso que se robaron, podían haber hecho autopistas que den mayor seguridad”, señaló Kohen.
El papá de Nicolás también criticó a la Justicia por medir con distintas varas los hechos del “Gloria-gate” y la tragedia del colegio Ecos. “Cuando se habla mucho de dinero, están todos procesados y presos, como vemos en el caso de los cuadernos, pero cuando se involucra el riesgo de vida, culpa del cohecho de Uberti, quien tenía que controlar las concesiones viales y no lo hizo, no hay ni presos ni justicia ni nada”, se quejó.
Los familiares de las víctimas ya habían tenido un revés de la justicia santafesina en otra causa, la que entablaron contra el conductor del micro. Atamañuk había sido sentenciado a 3 años de prisión en suspenso y 7 años de inhabilitación especial por los delitos de homicidio culposo múltiple y lesiones culposas múltiples. Pero debido a una serie de irregularidades procesales la defensa pidió la prescripción.
La Corte Suprema de la Nación ahora debe decidir si habilita el recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Steigmayer para dejar firme la sentencia.
En todo este tiempo se realizaron festivales solidarios, impulsados por la organización Conduciendo a Conciencia, en memoria de Benjamín, Daniela, Federico, Julieta G, Delfina, Justine, Nicolás, Lucas, Julieta P y Mariana, los 9 alumnos y la docente del colegio de Villa Crespo. Los artistas León Gieco y Luis Alberto Spinetta los homenajearon con el tema “de octubre”.
La ciudadanía respondió. Ahora los familiares de las víctimas esperan que la Justicia haga lo propio.