El salario mensual neto de un miembro del gabinete del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ascendió a $ 86.000 en promedio durante 2017, según las declaraciones juradas relativas a ese ejercicio que los funcionarios presentaron en la Oficina Anticorrupción (OA).
En términos comparativos, esa cifra general equivale a 30 haberes de bolsillo ($ 2.865) que un auxiliar docente de segunda categoría, peldaño inicial de la carrera académica, percibía en septiembre del año pasado, y supera por casi $ 30.000 el sueldo mensual neto de un profesor titular con dedicación exclusiva y la máxima antigüedad, que es el cargo mayor de esa escala.
$ 1,1 millón al año con aguinaldo incluido
El salario promedio de un alto funcionario universitario -$ 1,1 millón al año con aguinaldo incluido- surge de los salarios libres de impuestos informados por 10 de los 12 integrantes del equipo del rector José García. Las manifestaciones de bienes de las secretarias María Inés Gómez y Mónica Cecilia Katz no están todavía disponibles en la OA. Según Arturo Sassi, secretario de Gestión y Comunicación Institucional, Gómez y Katz todavía tendrían plazo para informar su evolución patrimonial.
Si bien la composición del gabinete cambió en mayo de este año tras las elecciones que ganó García, la mayor parte de la primera línea actual ya ocupaba puestos jerárquicos en la UNT. La suma de $ 86.000 supone, entonces, una referencia: por encima de ella se ubicaron el rector, el vicerrector Sergio Pagani, y los secretarios Silvia González (Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica) y Gustavo Vitulli (Bienestar Universitario).
Sueldos altos, muy altos
Los tres primeros encabezan la tabla de ingresos salariales con una retribución mensual de $ 115.000. Por abajo del promedio quedaron los secretarios Carolina Abdala (Académica); Sassi; José Hugo Saab (General); Aída Alicia Olmos (Asuntos Estudiantiles); Marcelo Mirkin (Extensión Universitaria) y Lidia Ascárate (Económica Administrativa). Esta última funcionaria, que maneja las cuentas de la UNT desde 2016, percibió menos del 50% de los emolumentos que García, que el año pasado se desempeñaba como vicerrector, siempre según las declaraciones juradas entregadas en la OA.
Con bienes valuados en $ 4 millones, Ascárate ocupa la cúspide del ranking de patrimonios del gabinete. Detrás de ella están Pagani ($ 3,6 millones); García ($ 2,6 millones); Mirkin ($ 1,9 millón); Abdala ($ 1,6 millón); Saab ($ 1,2 millón); González ($ 1,1 millón); Olmos ($ 554.000); Vitulli ($ 468.000) y Sassi ($ 431.000).
Por encima de la inflación mensual
El rector declaró el máximo incremento patrimonial interanual: sus activos se duplicaron entre 2016 y 2017. También crecieron por encima de la inflación oficial de ese período (25%) los bienes de Ascárate (60% más) y de Pagani (33% más). Por el contrario, disminuyeron los patrimonios declarados de Vitulli, González y Saab.
La secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica encabeza la tabla de gastos personales. González dijo que el año pasado había hecho consumos por $ 102.000 mensuales.
Con $ 83.000, Pagani se situó en el segundo lugar también en esta categoría de análisis. Abdala quedó ubicada como la funcionaria más austera -que menos fondos necesita para llegar a fin de mes- gracias a un gasto de $ 27.000.
Cero gasto, para algunos
En una situación curiosa están Vitulli y Ascárate: ambos consignaron que no gastaron nada durante el año pasado ($ 0). El secretario Sassi indicó al respecto que los dos funcionarios iban a chequear la información con sus asesores contables.
La obligación de presentar declaraciones juradas al asumir y dejar el cargo nacional, y con una periodicidad anual mientras permanecen en él surge de la Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Tras una reforma promovida por el kirchnerismo (la llamada “democratización de la Justicia”), los formularios de acceso libre dejaron de presentar los datos patrimoniales relativos a los cónyuges o convivientes, y a los hijos menores de edad del declarante, información que consta en anexos reservados.
Lo mismo ocurre con los detalles sensibles (ubicación exacta de los inmuebles, números de cuentas bancarias, etcétera). Ello implica que los funcionarios nacionales informan sus bienes a título personal.
fuente. lagaceta