Por Marcelo Pérez para Diario Cuarto Poder
La semana pasada ardió Troya en Tucumán. Los dos poderes que más contribuyen a la “inseguridad” diaria en la provincia (la Policía y la Justicia), se trenzaron en una dura pelea mediática y, en medio de esa puja, la que peor parada quedó fue la institución policial.
¿Por qué quedó mal parada? Porque en medio de tantos crímenes, robos e inseguridad que sufre la población a manos de delincuentes que actúan impunemente cebados ante la ausencia de uniformados en las calles, surgió el tema de los Servicios Adicionales, un sistema que podría ser eliminado no sólo porque llevó a descuidar el rol principal de la policía, sino porque además está llenos de anomalías, denuncias, y con muchos dinero en juego que nadie sabe cómo se rinde.
Furia con la fiscal
El propio jefe de Policía, José Díaz, se enfureció con una fiscal (Adriana Giannoni) cuando la funcionaria habló del tema, al punto de mandarla a “lavarse la boca”. Un exabrupto que al uniformado le salió de lo más profundo de sus entrañas, tal vez porque le tocaban el bolsillo.
Justamente Díaz, un hombre de peso en la Fuerza que fue implicado en una denuncia por el policía Darío Mauricio Sandoval, quien se presentó espontáneamente ante la Justicia para denunciar irregularidades cometidas con este sistema de Adicionales u horas extras.
Sandoval, que cumplía tareas en la Policía Criminalística Norte, el pasado martes se tuvo que encadenar frente a la Casa de Gobierno para reclamar contra su traslado a la seccional 8°, asegurando que ese cambio era una represalia de la Fuerza por denunciar las irregularidades y los castigos sometidos a los que se niegan a hacer los Adicionales.
Calles desprotegidas
Lo cierto es que mientras las calles de los barrios están sin seguridad ni policías dispuestos para prevenir los posibles delitos, una gran cantidad de policías están cumpliendo tarea de Servicio Adicional, custodiando bancos, instituciones y dependencias públicas y privadas, comercio, empresas, clubes, fiestas, recitales, bares, restaurante y demás.
La propia fiscal Giannoni, tras el crimen del menor Valentín Villegas la semana pasada, inició de oficio una causa contra la policía, aduciendo que en Yerba Buena habría más uniformados realizando servicios adicionales que custodiando las calles.
Lo malo de todo, es que los vecinos que religiosamente pagan sus impuestos y tributos para que el Estado les brinde Seguridad, no pueden gozar de ese derecho básico, porque hay quienes pagan aparte un dinerillo extra para tener protección exclusiva. Y los señores policías no le hace asco a los billetes, ya que -aseguran- el sueldo básico de 21 mil pesos no les alcanza para vivir y por lo tanto, necesitan trabajar horas extras (o sea los Adicionales) para alcanzar 31 mil pesos que les permita “pagar la olla”.
El caso de Valentín
Valentín Villegas murió desangrado de una puñalada en el pecho en una calle de Yerba Buena a las siete de la tarde, mientras ningún policía había o circulaba a 15 cuadras a la redonda. ¿Es eso posible? No. ¿Dónde está la policía? Y la fiscal Giannoni tiene tal vez la respuesta: “Soy vecina de Yerba Buena y escucho a los comerciantes que llaman a la comisaría y les dicen que no hay policías, pero que si piden servicios adicionales si les pueden dar”. Ahí están los policías.
Por eso no extraña que un grupo de legisladores busquen cambios en el servicio de “adicionales”.
Al menos tres proyectos de ley apuntan a cambiar el régimen de vigilancia estatal pago, que se aplica desde 1970 y opera por fuera de los circuitos contables y administrativos de la Provincia.
Qué hacer con los Adicionales
La legisladora Stella Maris Córdoba impulsó la creación de la Dirección de Servicios de Policía Adicional. De esta forma, la administración operativa y contable pasaría a depender del Ministerio de Seguridad y no del Departamento General de Policía, como sucede hoy. En tanto, los radicales Eudoro Aráoz, José Canelada y Adela Estofán y el republicano Claudio Viña rubricaron un proyecto para establecer un Registro de Servicios Adicionales dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que haya más control y menos “desmanejo” con el sistema dado que no sólo policías de franco harían horas extras, sino también policías en sus horas de trabajo, ordenados por superiores en las comisarias.
Por su parte, el legislador Fernando Valdez (UCR) planteó que se eliminen los adicionales y se aumente un 30 por ciento el salario de la policía, asimismo, que trabajen cinco días y descansen dos y que cada jornada laboral sea de ocho horas…
Así, la policía estaría disponible para ocuparse de la seguridad de la gente.
Seguridad, una obligación del Estado
La Seguridad en Tucumán no debería ser una cuestión de dinero ni el negocio de alguno (el que más dinero tiene más seguro está) mientras que “Juan pueblo” se las tiene que arreglar para que no lo maten, roben o violen. La vocación policial por lo visto quedó allá lejos, en el tiempo, justamente cuando la peligrosidad delictiva es mayor y los malvivientes no tienen piedad por nada ni nadie.
El Estado tiene la obligación de cumplir con sus habitantes con cinco deberes primordiales: Educación, Seguridad, Salud, Defensa y Justicia. Obligaciones fundamentales de las que no puede rehuir y más cuando hay emergencia en dicha materias.