El Papa argentino, Jorge Bergoglio, recibió un informe sobre los juicios que enfrentan ex presidentes latinoamericanos, como Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Rafael Correa que insinuarían una instrumentación selectiva de la justicia con fines políticos.
Juristas kirchneristas
El timing quizás no fue el mejor para denunciar una direccionalidad intencionada en estos procesos judiciales considerando que la justicia acaba de citar a indagatoria nada menos que a hermano y al padre del presidente Mauricio Macri, pero ello no impidió al abogado argentino Roberto Carlés, frustrado candidato kirchnerista a la Corte Suprema de Justicia, y a un grupo de juristas que lo acompañaba presentarle al Papa un informe sobre el uso selectivo de la justicia para inhabilitar líderes políticos en América del Sur.
Según el Vatican Insider el Papa está preocupado por esta tendencia que afectaría el Estado de derecho en América Latina y que algunos analistas llaman “lawfare” o sea “guerras judiciales”. Lo que en Argentina suele calificarse como judicialización de la política.
Militante social
La delegación que visitó a Francisco estaba formada, además de Carlés, por el músico brasileño Chico Buarque, su pareja, la abogada Carol Proner, y la militante social italiana Grazia Tuzi.
En la audiencia con el Papa, que tuvo lugar en la residencia Casa Santa Marta y que duró 45 minutos, le entregaron un informe detallado de la situación procesal de algunos dirigentes de la región, en particular de los ex presidentes de Brasil, Luis Inacio “Lula” da Silva, de Ecuador, Rafael Correa, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Seis causas para Cris
Cristina Kirchner está procesada en seis causas, varias por coimas en la concesión de obras públicas y lavado de dinero, entre otros delitos, mientras que Lula Da Silva cumple una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de activos y tráfico de influencias. Rafael Correa por su parte tiene varias denuncias por varios delitos, entre ellos, tráfico de influencias, y peculado.
Según Carlés, la mayoría de estos dirigentes es objeto de “investigaciones imparciales, con violación a garantías constitucionales y una abierta violación a los principios del Estado de derecho, como se está viendo en los distintos países”.
El abogado argentino aseguró que el Papa “comparte esta preocupación”.
fuente. infobae