El Tribunal de Cuentas dejó establecido en su informe que “los registros contables expuestos (por la policía) son todos informales”. Y marcaron dos aparentes anomalías: que esa área “no cuenta con los registros formales de los recursos, y los egresos están identificados de manera precaria”.
A través del acuerdo 5.858, firmado ayer por el presidente del TC Miguel Terraf y el vocal Marcelo Vidal (Sergio Díaz Ricci se encontraba de licencia), fue aprobado el informe -realizado por los Contadores Fiscales afectados a la Policía- sobre el manejo administrativo de los recursos generados por el régimen de custodia estatal pago, ingresados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Toda una informalidad
En las conclusiones, los auditores señalaron que “los registros contables expuestos son todos informales”, y marcaron dos anomalías: “no cuenta con los registros formales de los recursos, y los egresos están identificados de manera precaria”; y que “la División de Servicio Adicional no se ajusta a las normas legales vigentes”.
$240 millones por año
Gracias a este sistema, en 2017 ingresaron $ 240 millones a las arcas de la fuerza, según los registros bancarios citados en el informe del TC sobre la Cuenta de Inversión de ese ejercicio. Al margen de que parte de esos fondos son destinados al personal afectado a la custodia estatal paga, el Tribunal de Cuentas instó e insistió a la Policía de Tucumán a que incluya esos fondos en el Presupuesto de la Provincia.
Auditoría
El ente de control llevó a cabo una auditoría en la División de Servicios Adicionales de la Policía. “La información registrada es poco verificable respecto a la veracidad de los objetivos indicados”, indicaron los contadores fiscales. Señalaron que esa área “no emite estados presupuestarios, financieros, contables, ni es controlada por ningún otro departamento o división de la repartición”. Y añadieron que el encargado de esa área “rinde cuentas al subjefe o jefe de Policía”.
Documentación precarias
En otro punto, los contadores fiscales consignaron los informes recibidos por parte de la repartición. “En el desarrollo de sus actividades administrativas y contables descriptas por el Jefe de la División y del análisis de la documentación inherente, se puede decir que son precarias en su origen (planillas de objetivos prestados) y la emisión de recibos ‘C’ que son remitidos a las empresas que se les prestó el servicio.
Pago del servicio y oros gastos
Luego describe la extracción de la cuenta para su posterior pago de los servicios y otros gastos”, señala el acuerdo 5.858. Y agrega: “de la descripción del punto anterior se infiere que la División no tiene en cuenta un presupuesto para la ejecución de los objetivos que se plantean”. En ese sentido, detallaron que el área bajo análisis “toma decisiones teniendo en cuenta los saldos bancarios de la cuenta pertinente”.
Como primera medida, el Tribunal de Cuentas aprobó el informe de la auditoría de fondos del Servicio Adicional de la Policía en 2017, por lo que convalidó las conclusiones de los profesionales encargados del documento. Además, pusieron en conocimiento del contenido al ministro de Seguridad y al jefe de Policía, José Díaz.
A regularizar el sistema
También requirieron “al organismo la adopción de las medidas conducentes a regularizar lo manifestado” en las conclusiones. Sobre el final, Terraf y Vidal dieron intervención a la Contaduría Fiscal General del TC con el objetivo de que se verifique “el cumplimiento de las medidas” señaladas a la fuerza provincial.
Desde 2016
Las objeciones administrativas del ente de control sobre estos recursos vienen por lo menos desde 2016, y se acentuaron en los últimos meses. Por eso, la Casa de Gobierno pidió a la Legislatura una nueva ley para regular los servicios adicionales y la derogación de la norma vigente, sancionada en 2000.
Fuente. Lagaceta