“Un paso que deja a la Argentina mejor posicionada en cuanto a las posibilidades del recurso ante la Corte“. Ese fue el análisis que realizó la Casa Rosada a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que decidió hoy consultarle a la administración de Donald Trump su opinión sobre el juicio que se lleva adelante en ese país contra la Argentina por la expropiación de YPF, en 2012.
Fuentes calificadas del Gobierno señalaron además que la medida es “una mala noticia para los demandantes, que esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio“, pleito judicial que lleva seis años y que impulsa Burford Capital. La causa ya tuvo dos fallos negativos para el país en tribunales inferiores y podría costarle al Estado argentino –no a la empresa– hasta USD 3.000 millones.
Otro de los puntos que destacaron como positivo desde el Gobierno es que la corte de Estados Unidos “rara vez realiza esta convocatoria” al Estado americano, y afirmaron que “aun cuando no es vinculante, la opinión del Solicitor General es tenida en cuenta especialmente por la Corte”.
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También consideraron que el fallo judicial es, en buena medida, producto de una presentación como amicus curiae (amigos del tribunal) por parte de México y Chile en solidaridad con Argentina, algo que -analizaron- marca “la importancia del asunto desde el punto de vista internacional para los Estados Unidos“.
El caso comenzó a gestarse en 2015, cuando Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas constituidas en España que tenían el 25% de la petrolera estatal, presentaron una demanda alegando que Argentina, como nueva propietaria de YPF, no había cumplido con el prospecto de la salida a la bolsa en Wall Street y no había realizado una oferta pública. Eso ocurrió luego de que las empresas quebraran y Burford le comprara a la Justicia española el 70% de los derechos de litigar.
Burford pagó USD 17 millones por esa tenencia y ya vendió el 25% por USD 106 millones. O sea, les cedió a grandes fondos cuyos nombres no trascendieron por el momento la posibilidad futura de beneficiarse por un fallo contrario al país.
Ahora, luego del fallo, el gobierno de Estados Unidos no tiene fecha estipulada para emitir una respuesta, aunque se espera que la decisión sobre la jurisdicción del caso se demorará entre dos o tres meses. Así, la Corte analizará la opinión de Casa Blanca, que no es vinculante, y fallará sobre tomar el caso o no. A EEUU viajaron el procurador Bernardo Saravia Frías y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, uno de los principales asesores de Mauricio Macri en temas judiciales.