La Cámara Federal ordenó liberar a Gastón Campillo, sobrino de un ex ministro de Kirchner y dispuso su excarcelación bajo fianza. Además, rechazó un planteo similar de Oscar Thomas, otro imputado en la causa
La Cámara Federal ordenó liberar a Gastón Campillo, sobrino del ex funcionario kirchnerista que pidió ser arrepentido y quien estaba preso desde fines de noviembre por la causa de los cuadernos de la corrupción. Sin embargo, el tribunal decidió que la excarcelación sea otorgada bajo fianza. El monto lo deberá fijar el juez Claudio Bonadio, revelaron fuentes judiciales.
“Es razonable concluir a esta altura que, en tanto no concurren respecto de Gastón Nicolás Campillo otros indicadores de riesgo cuya naturaleza obsten su libertad, la excarcelación pretendida resulta procedente“, sostuvo la resolución firmada esta mañana a la que accedió este medio.
En tanto, el tribunal dispuso que permanezca detenido Oscar Thomas, el ex director del ente que administra la represa binacional de Yacyretá que estuvo prófugo durante más de un mes y que fue procesado como miembro de la asociación ilícita que habría liderado la ex presidenta Cristina Kirchner.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal, resolvieron sobre estas excarcelaciones que, por vías separadas, llegaron al tribunal.
La situación de ambos acusados es distina: Thomas estuvo prófugo y ya está procesado por la asociación ilícita, con la confirmación de la Cámara; Gastón Campillo, en cambio, está detenido sin que aún se haya resuelto su situación procesal y los propios fiscales estuvieron de acuerdo en hacer lugar a su libertad porque no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, más allá de la suerte que pueda correr dentro del expediente con las pruebas en su contra.
El sobrino de Campillo
Gastón Campillo es el sobrino de Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz y el interventor del ONCAA que pidió ser arrepentido en la causa de los cuadernos, en el marco del capítulo por lavado de dinero. En esta parte del expediente se investiga la ruta de los más de 70 millones de dólares que se sospecha que expatrió el ex secretario rivado Daniel Muñoz y su entorno hacia los Estados Unidos. Tiempo después, cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers, las propiedades que se habrían adquirido con esos fondos fueron vendidas.
Campillo, licenciado en administración de empresas, viajó con su tío a Estados Unidos para participar de una reunión en donde, dice la acusación, se discutió cómo se llevaría adelante la venta de esas propiedades. En su declaración, dijo que no sabía lo que había detrás de esa reunión.
La Cámara hizo hincapié en que “su situación procesal a la fecha –pese al tiempo transcurrido y a las intimaciones efectuadas al magistrado de grado- permanece aún sin resolverse”. Y agregó: “No se observan indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta es la única alternativa”.
Se destacó además que la fiscalía había valorado “la ausencia de antecedentes penales y sus causa en trámite“, que no había tenido “comportamientos obstructivos que pongan en riesgo el avance de la investigación” y resaltó la “actitud colaborativa que demostró el imputado al prestar indagatoria”.
El ex funcionario que se fugó
Thomas es el único ex funcionario que tardó más de un mes y medio en ser arrestado. El juez Bonadio había ordenado su detención el 1° de agosto, junto a la de un grupo de ex funcionarios y empresarios apenas se hizo público el caso por las anotaciones de Oscar Centeno.
La Cámara sostuvo que “no corresponde conceder el beneficio peticionado, en tanto se mantienen incólumnes los riesgos procesales valorados al resolver la eximición de prisión del imputado y la confirmación de la prisión preventiva, no habiendo agregado la defensa ningún elemento novedoso que pueda impactar en la modificación de dichos temperamentos“.
Según el tribunal, el único elemento de relevación introducido por la defensa era un “posible deterioro en su estado de salud”. Fue por eso que se le encomendó al juez Bonadio que “adopte todas las medidas tendientes para resguardar y controlar que Oscar Thomas reciba de forma inmediata la atención médica en la unidad de detención de conformidad con las dolencias que pudiera padecer y asimismo que, con carácter urgente, se lleven a cabo los pedidos de informes médicos y ambientales para que en caso de que la defensa plantee un concreto pedido de arresto domiciliario, puede ser resuelto en tiempo y forma“.
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El nombre de Thomas aparecía en esos cuadernos. Según esos registros, Thomas le entregó al ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta un total de USD 1,1 millón el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740. En otra oportunidad, Centeno escribió: “Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (Julio De Vido) y le dijo que el ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona USD 657 mil“.
Gracias al llamado de una vecina que quería cobrar la recompensa que había ofrecido el Gobierno, fue atrapado en un departamento ubicado en Uriburu 1044, en la Ciudad de Buenos Aires.
Thomas dijo en su indagatoria: “Niego haber entregado dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a ex funcionarios”. Sin embargo, el juez Bonadio lo procesó como integrante de la asociación ilícita y aseguró que su pasada condición de prófugo “resulta una evidente demostración de los medios y vínculos con los que cuenta para permanecer en la clandestinidad”.