Con el objetivo de no fogonear el debate sobre el aborto durante la campaña, y la pretensión de ubicarse en una posición intermedia aunque habrá cuestionamientos principalmente de los sectores a favor de la legalización, el Gobierno decidió que no avanzará con la despenalización en el nuevo Código Penal.
Fuga de votos
El texto que llegará al Congreso dispondrá prisión de uno a tres años para la mujer, con el agregado de que el juez podrá eximirla de la condena. Las tensiones en Cambiemos habían postergado la presentación de proyecto y ahora la Casa Rosada prevé enviarlo en marzo, con una redacción que buscará evitar divisiones internas y fuga de votos en el año electoral.
Seguridad y narcotráfico
Integrantes del Gabinete agregaron como motivo la intención del Gobierno de no centrar la discusión del Código Penal en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo sino en los capítulos vinculados a la seguridad y el narcotráfico, el eje que eligió priorizar en esta etapa. “No queremos que sea lo principal. Ya se discutió y ahora la composición del Congreso es la misma que lo rechazó el año pasado”, dijo un ministro a Clarín. De paso, evitan abrir un nuevo frente de conflicto con la Iglesia.
El caso de Jujuy
La problemática volvió a quedar expuesta esta semana en Jujuy, con un aborto obstaculizado a una nena de 12 años que había sido violada, a la que se le practicó una cesárea -la beba luego murió-, sin respeto de la intimidad y con escraches en la puerta de la clínica.
“Ola verde”
Entre las alternativas que evaluaba el Gobierno quedaron desechadas opciones en la dirección de la llamada “ola verde” que advirtió la Casa Rosada en el invierno pasado y que en un momento intentó capitalizar. Luego de que el Senado rechazara la legalización estudió mantener la discusión en la agenda con la eliminación de la pena para las mujeres en el texto que enviaría semanas después al Congreso y luego fue postergado.
División en el Congreso
Germán Gavarano, el ministro de Justicia que trabajó el proyecto con una comisión encabezada por el camarista Mariano Borinsky, era uno de los que empujaba esa vía. A favor de la legalización también se habían expresado Patricia Bullrich, Adolfo Rubinstein y Lino Barañao, entre otros, y en contra Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y Rogelio Frigerio.
Pena a los médicos
En el Congreso la división generó iras y resquemores, el más resonante de Elisa Carrió que amenazó en pleno recinto con “romper” Cambiemos. La postura “de máxima” de los impulsores oficialistas de la IVE para el Código Penal era quitar la pena también a los médicos.
fuente: clarín