Sueños compartidos, la fundación que quedó en la mira de la Justicia (NA)

El juez Martínez De Giorgi citó a indagatoria a De Vido, Capitanich y Hebe de Bonafini, entre otros, por irregularidades en el manejo de fondos públicos. Cómo eran las maniobras que investiga la Justicia

De los más de 748 millones de pesos que el Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido había transferido a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales casi un cuarto de ese monto fue desviado.

La investigación que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi detectó que $206.438.454,05 se desviaron a través de diversas maniobras. Se hicieron giros a empresas cuya actividad no estaba vinculada a la construcción. Es así que se comprobaron transferencias de $100.565.644,76 a empresas agropecuarias y $22.286.127,46 a empresas bursátiles, financieras, cooperativas o mutuales.

Sergio Schoklender realizó extracciones y emitió cheques que lo tenían como beneficiario a él y a empresas vinculadas a su entorno por cincuenta y dos millones de pesos. Por ejemplo, el hermano -Pablo Guillermo Schoklender- recibió un poco más de trece millones trescientos mil pesos.

También se realizaron pagos y transferencias a funcionarios nacionales y provinciales que debían controlar y aprobar la gestión de la Fundación por $ 225.000.

Otra maniobra que se descubrió en la instrucción fue el pago a personas físicas a través de cheques por montos inferiores a $ 50.000 y cuyos beneficiarios eran siempre los mismos por un total de treinta y un millones de pesos.

Todos estos movimientos financieros se registraron en la misma época en que se realizaron otras operatorias comerciales e inmobiliarias detectadas en una causa conexa a la de Sueños Compartidos.

Mientras se producía el desvío de fondos, Sergio Schoklender compró terrenos en José C. Paz por una suma total de 240 mil dólares de los cuales 90 mil los pagó en efectivo. A través de un cheque de mostrador, Schoklender extrajo $ 350.000 de una cuenta corriente de la Fundación radicada en Santiago del Estero. Pero los movimientos financieros no terminaron ahí. La investigación comprobó acreditaciones en una cuenta a nombre del entonces apoderado de las Madres en el Banco Credicoop por trece millones trescientos mil pesos.

Entre el 12 de enero y el 2 de febrero de 2009, Sergio Schoklender realizó extracciones en efectivo de una caja de ahorros de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el Banco Ciudad por $1.550.000.-

Schoklender adquirió parte del paquete accionario de la sociedad comercial Meldorek en USD 1.160.000. Una vez que tuvo las acciones de Meldorek a su nombre compró a través de esta sociedad y de otra que estaba vinculada con él:

  • Un dúplex en La Plata
  • Un departamento en la Ciudad de Buenos Aires
  • Dos inmuebles en la calle Alvarez Thomas al 3.400 de la capital por los que pagó 340 mil dólares
  • Un chalet en Villa Urquiza a cambio de 235 mil dólares
  • Un yate que costó 420 mil dólares
  • Tres Citroen Berlingo
  • Un inmueble y dos cocheras por 250 mil dólares en la calle Conde al 1.600 del barrio porteño de Belgrano
  • Una “Hummer”
  • Una camioneta Touareg
  • Una camioneta Suzuki Grand Vitara
  • Un inmueble en el Barrio El Remanso de Exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires

Además de las compras enumeradas en este período se registraron numerosos movimientos financieros millonarios en cuentas vinculadas a Schoklender, muchos de los cuales fueron reportados por los bancos como operaciones sospechosas.

El juez Martínez de Giorgi señaló que “Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales habrían detraído luego de su destino específico con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado”.

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