El dinero va al bolsillo del funcionario y cada quien fija las condiciones del servicio. La tarifa oscila en función del juzgado. La jueza de Paz lega Josefina Penna, titular del despacho de Yerba Buena, dio el precio más bajo: entre $ 2.000 y $ 2.500.
Un juez de Paz tucumano cobra hasta $ 6.000 por celebrar casamientos a domicilio, pero todo “depende”. Sucede que no hay criterios, ni tarifas generales, ni facturas, ni controles. En los hechos, cada funcionario estipula el monto que considera conveniente en función del mercado. Este dinero, que no deja rastros, entra directamente en el bolsillo del titular del juzgado: es un ingreso adicional a la retribución regular del Poder Judicial. Un juez de Paz lego -sin título de abogado- puede llegar a percibir un salario mensual de $ 140.000. Uno letrado recibe al menos $ 10.000 más.
Un lindo “negocito”
Los números surgen de la consulta a jueces de Paz, fuentes judiciales, organizadores de casamientos, y hasta novios que están por dar el “sí” o acaban de hacerlo. A falta de un precio fijo, abundan los matices y las salvedades. Habría un importe para cada pareja en función de sus circunstancias y hasta casos donde reciben “contribuciones voluntarias” o se contentan con el transporte. Josefina Penna, titular del despacho de Yerba Buena, dio el valor más bajo este martes, en una entrevista.
Las tarifas
La jueza de Paz dijo que ella cobraba “entre $ 2.000 y $ 2.500”. Pero en otras zonas comentan que nadie se mueve de su oficina por esas sumas. En los departamentos de Lules, Leales y Chicligasta, por ejemplo, piden entre $ 3.000 y $ 4.000.
El casamiento en el juzgado de Paz en principio es gratuito, pero algunos exigen el pago de derechos de filmación y de fotografía, o un monto pequeño (por ejemplo, $ 100) en concepto de “trámites administrativos”. Como las condiciones edilicias de muchos de los despachos son calamitosas y estos no disponen de instalaciones adecuadas para albergar a quienes asisten a los ritos nupciales, desde hace al menos dos décadas se impone la modalidad “a domicilio”, que supone el traslado de los jueces -y de los registros de papel- al salón o lugar elegido por los contrayentes. Esta tendencia llegó hasta el punto de que dos jueces de Paz, Penna y José Luis Guerra (El Manantial), fueron denunciados por celebrar matrimonios en Salta. Las respectivas actas de casamiento habrían sido adulteradas, según los pedidos de destitución que ingresaron a la comisión de Juicio Político de la Legislatura (se informa por aparte).
fuente: lagaceta