Finalmente, la Corte Suprema de EEUU tomó postura sobre el juicio que se sigue en ese país contra el Estado nacional e YPF por la expropiación de la petrolera estatal durante el kirchnerismo. Pero el máximo tribunal comunicará su decisión sobre la jurisdicción del caso recién el lunes. Se trata de una demanda que le podría costar el Estado argentino entre USD 1.500 y 3.000 millones.
Cabe recordar que en los tribunales del Distrito Sur de Manhattan hay un juicio que ya lleva varios años y que es motorizado por Burford Capital, un estudio global que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en comprar derechos de litigio en grandes causas. El país y la petrolera que tienen dos fallos desfavorables tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones, interpuso un certiorari, o recurso especial ante la Corte, pidiendo que se revise la jurisdicción del caso. Los abogados del Gobierno y la empresa argumentan –bastante a regañadientes porque están muy en contra del procedimiento K– que la expropiación fue una decisión soberana que votó el Congreso. En EEUU dicen que eso es correcto, pero como YPF cotiza en Wall Street el caso debe cursarse allí.
Burford, por su parte, cree que Argentina debió hacer la misma oferta económica a todos los accionistas de la compañía y no sólo pagarle USD 5.000 millones al mayoritario, la española Repsol. Y son los derechos a litigar de tres de esos accionistas menores los que quiere hacer valer.
Como sea, lo que decidió ayer la Corte de EEUU es si toma el reclamo local sobre la jurisprudencia o no lo hace. Antes, el tribunal le había pedido opinión al solicitor generalde EEUU. Y contra lo que esperaban los funcionarios locales, Noel Francisco, quien ocupa ese cargo que es similar al de procurador del gobierno de Donald Trump, dijo que el caso debería seguir en Manhattan. Fue un revés para la defensa argentina, que confiaban en que la “buena onda” entre Mauricio Macri y Trump iba a jugar a favor del país. Si bien la opinión del solicitor no es vinculante, se sintió a nivel local el gusto amargo ante la negativa oficial del gobierno estadounidense.
Cómo decide la Corte
El 4 junio se comunicó que la fecha de evaluación del caso por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos sería ayer. Desde entonces un clerk, el ayudante principal de cada juez, revisa todo el caso y analiza las pruebas y presentaciones de las partes.
“Si bien la Corte de EEUU está compuesta por nueve jueces, sólo siete –y sus clerks– deciden sobre el rechazo o no de todos los casos que llegan a esa instancia”, explica Sebastián Maril de Fin.Gurú, y uno de los analistas que más siguen el caso de YPF y otros en cortes americanas.
Así, el clerk designado preparó un reporte, lo compartió con sus colegas y si hubo consenso sobre el rechazo así lo definieron, sin necesidad de que llegue a los jueces. Si creyeron que valía la pena que lo evaluaran los jueces, lo incluyeron en la llamada “lista de discusión” y los siete magistrados lo trataron ayer. Si los casos no son incluidos en esa lista, directamente son rechazados y no se los revisa.
“Ayer los jueces supremos discutieron los casos incluidos y decidieron cuáles son aceptados para revisión e incluidos en la ‘lista de orden’. Aquellos casos que no sean incluidos en esta lista, también son rechazados por la Corte”, explicó Maril. El lunes, la Corte publica la nueva lista. Si no está el caso local, el reclamo argentino regresa a la Corte del Distrito Sur donde continuará su curso y donde ya hubo un fallo negativo en 2016. Si lo incluyó, la Corte evaluará el reclamo argentino. Habrá escritos, presentaciones orales y audiencias. El fallo final depende de muchos factores, pero no se espera hasta segundo trimestre de 2020.
“Ningún caso llega a los jueces sin el ok previo de sus ayudantes. Igual, la decisión ya fue tomada. Ahora tenemos que esperar. Hay un 70% de chances de que la Corte falle en contra del país. Y lo digo porque ya utilizamos el mismo argumento con los holdouts y no funcionó”, detalló el analista.
Si la Corte no escucha los argumentos del país el lunes, como se supone que pasará, los abogados locales contestarán la demanda en el estrado de Preska, pero igual presentarán una nueva moción de desestimación argumentando otra vez el tema de jurisdicción de la demanda. “Las chances son mínimas, pero tenemos esperar porque tenemos razón. Esperamos que alguien haya estudiado bien el tema y decida a nuestro favor: estamos a merced de que la Corte vea que este es un caso que puede servir para sentar y unificar jurisprudencia general en EEUU. Pero la chances son muy bajas”, reconoce una fuente cercana a la defensa local.
En paralelo, los abogados del Estado y la petrolera litigan en España. Quieren demostrar que Burford no financia a las empresas Petersen (dos socios minoritarios de YPF que quebraron en España y nada tenían que ver en ese momento con el grupo homónimo local), como se dice, sino que directamente les compró los juicios. Si esto se llegara a probar, la causa podría caerse en EEUU por haberse instruido de manera incorrecta.
Como sea, y en medio de la maraña legal, las chances del país son bajas. Eso sí, la causa tiene muchos vericuetos y podría demorarse bastante una sentencia final y un eventual pago.