El pedido fue presentado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, junto al presidente del interbloque, Mario Negri. Es por el mal desempeño de la procuradora en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, junto al presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, presentó este martes un pedido de juicio político contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por supuesto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública.
La solicitud pasará a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que determinará si corresponde abrir una investigación sobre la actuación de Gils Carbó, o si no hay motivos para avanzar en un procesamiento y se cierra “in límine”.
En los fundamentos del proyecto, Carrió y Negri plantean que la Procuradora “ha cometido actos incompatibles con su función primordial y constitucionalmente concebida de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”.
Destacan en la iniciativa que Gils Carbó “actualmente cuenta con varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior gobierno nacional” y objetan que a la funcionaria judicial “por haber designado fiscales ilegalmente, es decir, sin haber cumplido el procedimiento contemplado en la ley Orgánica del Ministerio Público”.
Los diputados de Cambiemos detallaron la supuesta “acción persecutoria que ha desplegado en contra de un Fiscal de Instrucción de la Nación a fin de lograr su remoción, luego de que este último, con sus investigaciones, haya expuesto negocios ilegales de empresarios ligados directamente con la ex Presidenta de la Nación”.
“Tal es así que Gils Carbó se encuentra imputada en varias causas judiciales por la posible comisión de los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, puesto que, entre otras actuaciones irregulares, habría designado fiscales ilegalmente”, agregó.
Los denuncia puntualiza que “dicha situación obedeció a la necesidad de entorpecer así otras causas en las que funcionarios de aquella administración se encontraban severamente involucrados”.