La causa judicial en la que se investiga el hundimiento del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes tiene sus primeros tres imputados. Todos eran oficiales de la Armada en el momento del siniestro.
Ellos son: el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de navío Héctor Alonso, por entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos.
Las declaraciones indagatorias serán los días 22, 23 y 24 de octubre, respectivamente. Es decir, en el caso de Alonso, un día antes de que prescriba el presunto delito de “incumplimiento de funcionarios público”, tal como alertó la abogada querellante Valeria Carreras, ya que el 25 de octubre se cumplirán los dos años de la zarpada del submarino desde la Base Naval Mar de Plata, fecha en la cual, para la letrada, “se configuró el delito”.
Esto tiene una razón de ser. La pena máxima para esa calificación legal es de dos años, y para los ex funcionarios el tiempo no se interrumpe, como para los que aún siguen en funciones, como por ejemplo, el ministro de Defensa, Oscar Aguad.
En la cédula de notificación, Marta Yáñez, la jueza federal de Caleta Olivia que investiga la tragedia, aclara que recién cuando se presenten para la declaración indagatoria “se les hará saber a los imputados los hechos que se les imputan y las pruebas que obran en su contra”.
La jueza federal deja entrever que no serán los únicos imputados que tendrá la causa, y que estos serán “convocados con el devenir de la presente instrucción”.
La magistrada ya informó sobre la medida que tomó al actual jefe de la Armada, almirante José Luis Villán.
Los tres oficiales fueron los que firmaron la orden de zarpada del submarino ese 25 de octubre.
Sus superiores eran el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, por entonces comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, y el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide.
Hasta una semana después de la mayor tragedia de la Armada en tiempos de paz, la fuerza estaba bajo el mando del almirante Marcelo Srur.
El próximo 22 de octubre, es decir, el día de la primera indagatoria, la querella conformada por Carreras, Fernando Burlando y Lorena Arias presentará una larga lista de imputaciones, entre las que figuran las de Srur, López Mazzeo, Villamide y el ministro Aguad. Los acusan del presunto delito de “homicidio con dolo eventual”.
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Las órdenes de operaciones que pesaban sobre el ARA San Juan estaban divididas en cuatro fases.
La primera consistía en llegar hasta la Base Naval de Ushuaia, realizando patrulla submarina.
La segunda era una estadía en esa base.
La tercera, un ejercicio conjunto de ataque y posterior patrulla del mar.
La cuarta (realizar tareas de inteligencia sobre pesca ilegal, y posiciones de aviones y naves inglesas que operan bajo las ordenes de “gobernación Malvinas) nunca se concretó.
Según reconstruyó la Comisión Bicameral, el hundimiento de la nave ocurrió mientras desarrollaba la tercera etapa.
Según el trabajo de diputados y senadores, “eran las 10 de la noche del 14 de noviembre de 2017 cuando desde el ARA San Juan se realizó una comunicación de alta frecuencia al Comando de la Fuerza de Submarinos”.
Fue para informar que “estaba navegando normalmente, que iba a inmersión a plano profundo y que la próxima comunicación sería dentro de las próximas 48 horas”.
Sin embargo, a las 23:42, Fernando Villarreal, el jefe de Operaciones del buque, llamó al celular personal del jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa. Le dijo que estaban en superficie porque acababan de tener un principio de incendio, pero que ya estaba controlado.
En la conversación, según la documentación aportada a la Bicameral y al juzgado de la jueza Yáñez, “Villarreal explicó que podría haberse producido por la entrada de agua por el sistema de ventilación. Pese a decirle que estaba bajo control, le consultó a Correa dónde estaban los buques de la flota por si necesitaban ser rescatados”.
Mientras esto sucedía, el capitán del submarino, Pedro Fernández, enfrentaba un temporal con olas superiores a los siete metros de altura.
Para la magistrada resultaría evidente que Correa no percibió la gravedad de lo que estaba sucediendo ya que respondió que el resto de la flota “estaban a 20 o 24 horas de navegación”.
Según declararon expertos tanto en sede judicial como en la Comisión Bicameral, ese tiempo se podría haber reducido a un máximo de 10 o 12 horas si el capitán de fragata Correa hubiese advertido que era necesario tomar medidas urgentes.
Exactamente 28 minutos después, es decir, en los primeros minutos del 15 de noviembre de 2017, Villarreal volvió a llamar a Correa. Actualizó la posición del submarino por GPS. Correa, por su parte, le pidió que estuviese atento porque en un rato iba a llamarlo el comandante de la Fuerza de Submarinos, Villamide.
Esto sucedió a las 00:58. Fue allí cuando el capitán del submarino le dijo a su superior que estaban navegando en superficie porque habían tenido un cortocircuito en las baterías de proa con principio de incendio, probablemente ocasionado por la filtración de agua de mar.
Villamide declaró en la causa que en ese momento le ordenó cancelar la patrulla y emprender la derrota –el regreso– hacia la base naval de Mar del Plata.
El capitán Fernández le respondió que lo iba a hacer cuando volviera a inmersión. En ese momento estaba reponiendo aire y alejándose de la costa por el fenomenal temporal, que maltrataba a la nave.
El siguiente mensaje fue “por datos”, a través del sistema Tonina. Decía: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido”; también aclaró que el principio de incendio había sido controlado y que no había novedades en la tropa, es decir que no había heridos.
A las 7:19, Villarreal volvió a llamar a Correa. Le preguntó si habían recibido el mensaje y le anunció que iban a abandonar la patrulla y los ejercicios. Volvían directamente a Mar del Plata. También le dijo que estaban cansados, que iban a bajar para poder descansar y revisar las baterías.
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No hubo otra comunicación. A las 10:51, la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO), que tiene su sede en Viena, informó la existencia de un evento hidroacústico anómalo.
Era la implosión del ARA San Juan.
El resto ya es conocido. Un año después se encontraron los restos del submarino a 900 metros de profundidad.
“La prueba colectada durante la presente investigación no arroja dudas de que dicho evento hidroacústico se produce con motivo del colapso estructural del submarino ARA San Juan”, escribieron en su dictamen los integrantes de la Bicameral.
Pudo haber cambiado el destino de los 44 tripulantes si Correa y Villamide tomaban otras decisiones. Si daban otro tipo de directivas, si prohibían la inmersión del ARA San Juan, a la espera de la llegada de los buques de la flota que habían realizado tareas de adiestramiento juntos a pesar del temporal y el mal tiempo.
Quizás a partir de la decisión de la jueza, algunas de estas preguntas tengan respuesta para los dolientes que lloran a sus seres queridos sepultados en el océano.