En un caso impulsarían la suba de la edad jubilatoria, más aportes y contribuciones para el PAMI. El Estado pierde en estos regímenes especiales más de 25 mil millones de pesos anuales, a pesar de que representan sólo un 3% del total de los jubilados.
El presidente Alberto Fernández enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de ley para eliminar todos los beneficios de las jubilaciones de privilegio que cobran los jueces. Esos beneficiarios llegan hoy a 8.022 personas y perciben haberes promedio de entre 335.000 y 235.000 pesos por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de $14.067.
Fuentes oficiales que trabajan en el proyecto ratificaron que Alberto Fernández quiere que se apruebe en las sesiones extraordinarias y adelantaron que no se descarta que las jubilaciones de privilegio del servicio exterior puedan ser eliminadas y pasen directamente al régimen general, el mismo sistema por que se jubilan los ministros del Gobierno y el Poder Legislativo.
El Estado pierde en estos regímenes especiales más de 25 mil millones de pesos anuales, a pesar de que representan un 3 por ciento del total de los jubilados. Sostener este sistema, además del desequilibrio con los cobran la mínima, es una “ecuación económica que no es sustentable” para el Gobierno, advierten los ideólogos de la reforma.
Por eso el proyecto prevé adecuar las edades para jubilarse a lo largo del tiempo y establecer un sistema de contribución que sí tienen los jubilados del régimen general aportando al PAMI y que no lo hacen jueces. Se les agrega la contribución de la seguridad social, y más aportes a los trabajadores en actividad. En definitiva, se hacen cambios en la ley para que el sistema previsional tenga cierto equilibrio.
El Gobierno tiene dos objetivos con estos cambios en las jubilaciones. Uno es fiscal: reducir los fondos que el Tesoro destina al pago de esas jubilaciones de privilegio y que se llevan el 9,7 por ciento del total del pago a los jubilados. Además, buscará recaudar más fondos porque estos jubilados no hacen ningún aporte al sistema y ahora con las modificaciones que se van a hacer van a hacer un ¨aporte solidario¨ que alcanzará a 400 millones de pesos por año para el PAMI.
Antes, ni a jueces ni a embajadores se les descontaba dinero de sus salarios para aportar al sistema jubilatorio.
El otro objetivo de este proyecto es también político: es una señal de que todos los sectores deben hacer su aporte a la situación de emergencia económica y social que existe en la Argentina.
Los regímenes especiales de la jubilaciones representan un 3,1 por ciento del total de beneficiarios de la Anses pero se llevan el 9,7 por ciento del total del gasto previsional. Por eso el Gobierno quiere eliminar los privilegios de los regímenes especiales porque el 87 por ciento de quienes están jubilados bajo la ley 24.242 se llevan el 78 por ciento de los recursos por la gran diferencia que existe entre los haberes que cobran los jubilados por regímenes especiales y el resto de los jubilados.
La propuesta para modificar los privilegios de los jueces en el sistema jubilatorio incluye subir de 60 a 65 años la edad para el retiro de varones y mujeres del Poder Judicial, se cambia el ingreso base para el cálculo del beneficio (antes era sobre el cargo al cese y ahora se tomará la remuneración promedio de los últimos 60 meses) y se aumenta el aporte personal de activos del 1 al 4 por ciento. Además se suman aportes solidarios de los pasivos para el primer y segundo años que serán del 5 por ciento, en el segundo año del 3 y 4 por ciento y del 3 por ciento del año 5 en adelante. Además, habrá un 1 por ciento de la remuneración de los activos y un 1 por ciento del haber de los pasivos que conformarán un aporte personal al PAMI. Hasta ahora, los jueces gozan de un régimen especial de jubilaciones en el cual no tienen ningún aporte al sistema como sí el resto de los jubilados.
fuente: infobae