El preso José Osvaldo Benítez presentía durante la noche del 16 de octubre de 2016 que lo rodeaba un halo de venganza. En prisión hay cosas que se huelen. Cambia el clima. El aire se tensa como una cuerda de equilibrista. Benítez se lo dijo a su esposa mientras le hablaba por el teléfono público dentro del pabellón 32, en el primer piso del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, comúnmente conocido como la cárcel de Devoto.
Y así fue. Cuando cortó y giró, el detenido estaba rodeado por tres pesos pesados del “rancho”. Eran “El Uruguayo”, “El Gordo Fernando” y “El Sicario de Don Orione”. Detrás de estos hombres, el resto de los habitantes del pabellón. Eran las 23:30 y como una manada salvaje el trío se tiró encima de Benítez. Lo que siguió fueron ocho horas y media de espanto y horror: le pegaron, le intentaron quemar la cara, lo ahogaron en un inodoro y lo empalaron.
Todo porque Benítez comentó que sabía que ellos vendían y distribuían drogas en la cárcel con total impunidad.
Durante toda la noche, el preso atacado gritó, preso del dolor extremo. Pero ninguno de los tres agentes penitenciarios a cargo de la custodia del pabellón lo ayudó. Al contrario. Miraron para otro lado, según la acusación en su contra que llegó a la Justicia. Uno de ellos le dijo: “Vas a tener que esperar al recuento” (de presos). Casi a las 8 de la mañana del día siguiente, cuando el celador de turno fue a revisar el sector, lo encontró a Benítez desangrándose: lo salvó un colchón que sus compañeros le pusieron para detener la hemorragia.
Pasaron tres años y medio de aquel hecho y finalmente el juez Alejandro Ferro, tras el pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 16, elevó el caso a juicio oral el 6 de febrero pasado: los presos Alejandro Daniel Nogués (alias “El Uruguayo”, 46 años), Fernando Matías Pacheco (“El Gordo Fernando”, 34) y Jonathan Ricardo Rolón (“El Sicario de Don Orione”, 25) junto a los penitenciarios Miguel Ángel Rolón (32), Nelson Javier Vargas (28) y Marcelo Fabián Lezcano (42), estarán en el banquillo de los acusados.
A los tres detenidos se les endilga haber sometido a torturas a José Osvaldo Benítez, mediante el empalamiento, sumado a golpes, patadas, palazos y quemaduras, lo que le causó severas lesiones que pusieron en riesgo su vida. Fue en represalia, asegura la causa, por sus comentarios sobre la venta de drogas ilícitas en su pabellón por parte de algunos internos, concretamente, cocaína y calmantes, pastillas. Y quien los distribuía era, supuestamente, “El Gordo Fernando”.
Según Cuñarro, el personal del Servicio Penitenciario no sólo estaba al tanto del negocio, sino que lo permitía. Y por eso, de acuerdo con la fiscal, colaboraron con la venganza mediante el ninguneo a su pedido de ayuda.
Los presos acusados podrían recibir otra condena de entre 8 y 25 años de prisión por el delito de torturas más las lesiones graves, para las que el Código Penal contempla una pena de entre uno y seis años. En tanto que los penitenciarios, por la omisión de las torturas, podrían ser castigados con una pena de entre tres y diez años de cárcel.