El juez de Monteros Mario Velázquez desautorizó las facultades que se atribuye la comunidad aborigen de Tafí del Valle para controlar el acceso a la villa veraniega. “Esta es una cuestión que tiene que ver con facultades que rigen en un estado de derecho. No cualquiera se puede arrogar el poder de policía y proceder a hacer controles propios de esa fuerza. Los originarios de El Mollar y Tafí del Valle se resisten y cortan la ruta 307.
Pese al frío y a una persistente llovizna, los originarios de El Mollar y Tafí del Valle se resistían, hasta anoche, a abandonar la ruta 307. Persisten en sostener el control de acceso de todas aquellas personas que tienen la intención de ingresar a esas comunidades.
Bajo el argumento de evitar la propagación de la covid-19 en la zona, los pobladores insisten en permitir solo el paso de quienes acreditan domicilio en ese lugar. “Que se vayan a hacer cuarentena en sus casas. Que no vengan porque no pasarán”, advirtió Jaqueline Rodríguez, comunera de Tafí del Valle. Por orden judicial, durante la mañana de ayer fueron desalojados violentamente del puesto de control que tenían en las proximidades del puente Robles Mendilaharzu. Pero el conflicto no concluyó ahí. Los indígenas enseguida trasladaron el corte hasta la altura de la estación de servicio YPF. Ahí también hubo un conato de incidente con la Policía que no pasó a mayores.
Fue la jornada de mayor tensión que se vivió en los valles desde que se inició el corte, hace más de 40 días. El saldo de los incidentes fue de dos aprehendidos y algunos lesionados, entre ellos dos efectivos policiales.
El desalojo fue ordenado por el juez Penal de Monteros, Mario Velázquez, por pedido de la fiscal Mónica García de Targa. La medida también contempló la aprehensión de la cacica Margarita Mamaní, acusada de violar el artículo 205 del Código Penal que impone prisión de seis meses a dos años de prisión “al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
En el procedimiento de desalojo que se concretó alrededor de las 6.30 participaron cientos de efectivos del Grupo Cero y de Infantería, entre otras divisiones de la Policía de la provincia. Este fue supervisado por el subjefe de la fuerza, comisario general José Rolando Gómez.
En ese momento, la cacica Mamaní se encontraba en su casa cumpliendo con la detención domiciliaria. “Habíamos quedado con la gente de tribunales que si yo cumplía mi arresto sin problemas, no iba a haber desalojo ni ningún tipo de violencia. Pero no respetaron el compromiso”, se quejó la dirigente. Sin embargo, desde los tribunales de Monteros se desconoció que haya habido algún acuerdo en ese sentido, como lo mencionó Mamaní.
Luego del primer desalojo había dudas entre los uniformados sobre la actitud a tomar con los originarios que volvieron a copar la ruta. “La fiscala García de Targa dio indicaciones para que la medida se concretara sin violencia y la resolución del juez Velázquez permite el uso de la fuerza pública en el afán de su cumplimiento. De modo que no hay precisión sobre el recurso a utilizar frente a esta nueva situación que se generó frente a tanta gente reunida sobre la carretera”, observó un asesor de la Policía.
El juez de Monteros insistió en desautorizar las facultades que se atribuye la comunidad aborigen para controlar el acceso a los valles. “Esta es una cuestión que tiene que ver con facultades que rigen en un estado de derecho. No cualquiera se puede arrogar el poder de policía y proceder a hacer controles propios de esa fuerza. En este caso el control de acceso y de protección sanitaria la debe ejercer el estado provincial a través de sus dependencias”.
Sin embargo el abogado José Luna, representante de los comuneros, advirtió que la Justicia no está contemplando principios constitucionales que aparecen en convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Precisó que ese principio establece que, en donde hay una comunidad indígena, es obligación de los Estados nacionales, entre ellos el de Argentina, que todas cuestiones que involucren situación de pandemia o enfermedades, se le debe dar participación activa a sus integrantes de las medidas en defensa tanto de la propiedad como de la salud. “Aquí eso jamás se consideró”, sentenció Luna.
A partir de este planteo, el abogado adelantó que estudiará la posibilidad de impulsar un juicio político “a todos los que desconocieron el derecho que ampara los originarios de los valles”, advirtió.
fuente: lagaceta