El Presidente considera excesiva la contraoferta presentada por los principales bonistas y no descarta suspender todos los pagos previstos para este año ante la ausencia de un acuerdo definitivo.
En dos cifras se puede expresar la diferencia que bloquea un acuerdo definitivo entre la quinta de Olivos y los bonistas que operan en Nueva York. Alberto Fernández y Martín Guzmán proponen pagar una sola cuota de 300 millones de dólares hacia fines de 2023, mientras que los fondos de inversión exigen 6.000 millones de dólares que se abonarían desde 2021 hasta el final del mandato presidencial.
La propuesta
Los 300 millones equivalen al 0.5 de interés que se establece en la oferta del gobierno a los bonistas. Los 6.000 millones surgen de las distintas contraofertas informales de los acreedores privados que fijan una “escalerita” para los cupones desde 2021 y eliminan la quita de capital -5.4 por ciento- prevista en la iniciativa oficial.
“No. No hay acuerdo”, replicó Alberto Fernández cuando se enteró que proponían los bonistas bajo legislación internacional.
El Presidente no quiere caer en default, pero jamás aceptará una propuesta que contradiga su objetivos clave al momento de la negociación con los acreedores privados: evitar que un eventual acuerdo con los fondos implique un nuevo plan de ajuste económico. “No se trata de que los bonistas pierdan plata, sólo que en esta oportunidad ganen menos”, repite el jefe de estado en los medios públicos y privados.
Guzmán enfrenta una negociación compleja con los acreedores privados. Desconfían de su capacidad como broker, ya han explicitado su rechazo masivo a la propuesta oficial -más del 80 por ciento de los bonistas se negaron al canje- y la diferencia entre ofertas es de casi 6.000 millones de dólares.
En este contexto, Alberto Fernández ya tiene definido su próximo paso ante fondos de inversión. Si no hay acuerdo al 22 de mayo -esa fecha expira la propuesta oficial-, no pagará un sólo centavo de la deuda o de los intereses que venzan en 2020.
Si se cumpliera la amenaza presidencial, los bonistas dejarían de percibir cerca de 3.300 millones de dólares.
fuene: infobae