Un juez aceptó tratar el pedido de más de 100 abogados para que se restablezca de manera total el funcionamiento de la justicia, limitado por las medidas sanitarias dispuestas para la pandemia del coronavirus. Antes de resolver, el magistrado le pidió opinión al Gobierno Nacional y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los dos organismos demandados por los letrados.
Un grupo de 166 abogados presentaron el 6 de mayo un amparo colectivo en el que pidieron que la justicia sea declarada como una “actividad esencial” y que vuelva a funcionar de manera plena.
De feria hasta el 24 de mayo
El caso quedó a cargo del juez federal en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo que habilitó la feria judicial para tratar el caso. El magistrado dispuso el viernes pasado que antes de resolver deben opinar sobre el planteo del gobierno de Alberto Fernández y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le dio tres días para enviar su postura.
Desde el 20 de marzo, cuando el Poder Ejecutivo implementó el aislamiento obligatorio, la Corte Suprema se sumó a la medida y dispuso una feria extraordinaria. Mediante la acordada 6/20 dispuso que se tramiten los casos urgentes que no admitan demora -como los pedidos de las personas detenidas-, limitó la presencia de personas en los tribunales, que en los juzgados trabaje el personal indispensable y habilitó la resolución de casos por medios tecnológicos.
Cada vez que el gobierno extendió la cuarentena, el máximo tribunal dictó una nueva acordada en la que ratificó el modo de trabajo de la justicia agregando cada vez nuevas funciones para realizar.
Pero un grupo de abogados entendió que después de dos meses de trabajo limitado se debía volver a un funcionamiento pleno a través del teletrabajo. Explicaron que la justicia es un servicio esencial y que el parate les significa un perjuicio económico.
fuente. infobae