A horas de la declaración indagatoria de la hermana Celia Inés Aparicio por el delito de encubrimiento en la causa por los bolsos con nueve millones de dólares y un fusil de José López, se descubrió una nueva fundación fantasma que la une con el ex obispo Rubén Di Monte.
Se trata de “Misioneras de Nuestra Señora de Fátima”, constituida en 1999 como “servicios de organizaciones religiosas”, pero en la que no se registran empleados ni movimiento alguno. Sólo una propiedad de 1.816 metros cuadrados en Banfield, Lomas de Zamora –supuesta donación a Di Monte– y una cuenta bancaria en el Banco Nación.
A pesar de cobrar una jubilación de poco más de cinco mil pesos, la religiosa tiene, además, cinco cuentas bancarias en cuatro bancos distintos. Al igual que en las de Di Monte y la madre Alba, entre ellas se encuentran el banco Macro y el Bisel.
Pero ese no es el único dato llamativo en torno a los moradores del convento. Según lo prueba documentación oficial del Arzobispado, el monasterio de General Rodríguez fue, hasta hace unos años, una “asociación pública de fieles”. Pero, bajo pedido escrito del ex obispo Rubén Di Monte, pasó a ser una asociación privada. ¿Por qué el cambio?
La diferencia principal está en la administración de los bienes: la “asociación pública de fieles” necesita la aprobación de los estatutos por parte de la autoridad eclesiástica, quien también interviene en la decisión sobre el destino de los bienes, incluyendo “las ofrendas y limosnas recibidas”. En cambio, en una “asociación privada de fieles”, como pasó a ser el monasterio de Di Monte en 2011, el artículo 325 inciso 1 del Código Canónico indica que “administra libremente sus bienes, incluyendo la administración y gasto de los bienes que hayan recibido en donación o legado para causas pías”.
Es justamente en esa época en que Di Monte anunció el inicio de la construcción de una casa de ejercicios espirituales, separada del monasterio pero en el mismo predio de General Rodríguez. Según declaró el propio obispo fallecido, la propiedad fue producto de una donación de la familia Balzano y puesta a nombre de la fundación “Monasterio Nuestra Señora del Rosario de la Virgen de Fátima”. Esta última está registrada como fundación civil con número de CUIT. Sus titulares eran el propio Di Monte y la Madre Alba Martínez. A juzgar por la arbitrariedad con que se movía y la poca claridad con que se manejaron las supuestas donaciones –no hay libros contables ni están declaradas como tales en ningún lado–,no es descabellado pensar que el arzobispo emérito “privatizó” el convento porque no quería las narices de la Iglesia hurgando en sus finanzas.
También es en esa época que el ex obispo traba amistad con Ana Pronesti, gestora de los trámites automotores de Di Monte y quien pasó a manejar las cuentas del monasterio. Se trata de una gestora, monotributista, que luego de su amistad con el obispo mejoró notablemente su nivel de ingresos y devino en acaudalada prestamista hipotecaria. Se pudo comprobar que Pronesti ejecutó judicialmente la vivienda de varios de sus clientes –por lo menos, de cinco de ellos– que no pudieron devolver los cientos de miles de dólares que les otorgó en préstamo a tasas usurarias.
La prestamista es una de las personas que algunos de los vecinos del monasterio sitúan en el lugar la noche en que López llegó con los bolsos y el fusil. Presumen que era quien mantuvo las múltiples llamadas telefónicas que se sucedieron esa noche con la mujer de López, María Amalia Díaz, desde el celular de la madre Alba. Según dichos de testigos cuyas casas dan a la parte posterior del monasterio, alertados esa madrugada por los ladridos de los perros, se asomaron y vieron a una persona salir a hurtadillas por una puerta trasera de la propiedad con un maletín en la mano, en momentos en que la policía entraba por la puerta principal. Esa persona sería Ana Pronesti. Un peritaje de la geolocalización de su celular podría resolver el misterio.
Por esos años comenzaron también a aumentar las donaciones para la construcción y reformas del monasterio, consecuencia directa de la estrecha relación de Di Monte con Julio De Vido y José López. En el allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas se encontró documentación que prueba desvío de fondos desde el Ministerio de Planificación Federal a la fundación de Di Monte desde 2007.
En 2011, el kirchnerismo acababa de ganar la reelección de Cristina Kirchner y compensaba los favores recibidos de sus aliados durante la campaña. Di Monte era uno de ellos. Lo mismo ocurría en el frente provincial, en donde los lazos entre el fallecido obispo y el entonces gobernador Daniel Scioli también se afianzaban. Prueba de su buena relación con la Iglesia fue el polémico spot de campaña “Creo en Dios”. En ese año, además, el difunto Alejandro Arlía juraba como ministro de Infraestructura.
“Todo lo relacionado al convento es oscuro”, dicen fuentes allegadas a la investigación. Y cada paso que se avanza en la Justicia va en esa dirección.