El Ministerio de Economía está ultimando la redacción de la propuesta final para reestructurar USD 66.500 millones de deuda emitida bajo ley extranjera y, aunque sigue dialogando con los grupos de acreedores, hay escaso margen para modificaciones. La nueva oferta será presentada ante la Securities & Exchange Commission (SEC) la semana próxima, posiblemente antes del 12, fecha en la cual vence el plazo dispuesto por las autoridades.
Frente a este escenario, algunos acreedores esperan conocer en las próximas horas la propuesta, antes de que sea formalmente presentada ante el organismo, luego de que ya transcurrieran 15 días desde el inicio del default por la falta de pago de un vencimiento por 503 millones de dólares. Pero otros aseguraron que no tienen esa expectativa. Lo cierto es que, considerando el fracaso de la propuesta inicial y los tiempos, el Gobierno no tiene mucho más margen de error, por lo que debería, a juicio de algunos analistas, avanzar con la consulta previa con los inversores. ¿Lo hará?
La lógica indica que más allá de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le muestre la nueva oferta a los acreedores, no tiene demasiado tiempo, ni margen, para seguir mejorándola. Ya el FMI señaló que la Argentina tenía un espacio limitado para ofrecer más y allegados al organismo aseguraron que un valor superior a USD 50 no sería sustentable para el país.
Fuentes del Comité de Acreedores, que lideran los fondos Fintech y Gramercy, aseguraron que el valor de la propuesta presentada por ellos días atrás -en torno a USD 53- no tiene que ver con lo que quieren cobrar los inversores, sino que “surge de un análisis en torno a lo que la Argentina puede pagar”. Si bien es superior al techo que el Gobierno está dispuesto a ofrecer, esperan recibir los detalles de la nueva oferta para analizarla con detenimiento. “Hay varios elementos cuantitativos para estudiar, pero también otros cualitativos”, agregó una de las fuentes consultadas.
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“Hay que ver para creer, y después se verá; la gente decidirá”, dijo. Sobre un eventual cupón PBI, que el Gobierno incluiría como endulzante a la propuesta, y que podría mejorar en algunos puntos en valor presente neto, este grupo no se negó por completo: quieren ver las características y el diseño del instrumento.
A su vez, fuentes allegadas al comité Ad Hoc, comandado por el gigante Blackrock, dijeron que pueden reducir sus pretensiones a una oferta de USD 54, con un pago de cash, pero que no les interesa el cupón del PBI, dado que los anteriores (surgidos con el canje del 2005) todavía están en juicio en Nueva York por la manipulación de los datos del Indec entre 2007 y 2015. Sobre el estado de la negociación, afirmaron que si bien las posiciones están mucho más cerca que antes, “los últimos 100 metros son los más difíciles de recorrer”.
Sobre un posible pago en efectivo, en Economía lo descartaron completamente. Sí reconocieron que podrían ofrecer un acortamiento de los plazos de los bonos más largos. Sobre un instrumento contingente, lo evaluarían, “si ayudara a cerrar la brecha”.
Los próximos días serán decisivos, aseguran en la cartera de Hacienda. La decisión de evitar más prórrogas y presentar ya la oferta final ante la SEC está tomada. Si bien la fecha límite es el viernes 12, en el Gobierno esperan poder hacerlo antes y ofrecer unos 20 días para que los acreedores analicen si la aceptan o no.
Como los tres grupos de bonistas con los que interactúa Economía (Ad Hoc, Comité de Acreedores, y Exchange Bondholders) representan aproximadamente el 40% de las tenencias, será clave el trabajo de “venta” de la oferta que realicen los bancos colocadores (BOFA, en los Estados Unidos, y HSBC, en Europa) para lograr la aceptación del 60% de los acreedores restantes. Así y todo, la expectativa es que pese a los intentos de mejoras por parte del Gobierno, la operación deje holdouts.