En los tribunales de Catamarca el modus operandi era un secreto a voces. Hasta que la aparición de un video hizo estallar el escándalo que sacude a la Justicia y al poder político de la provincia. Hay dos camaristas acusados de recibir coimas para liberar a un preso.
En las imágenes se ve a los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, de la Cámara de Apelaciones de Catamarca, recibir una gran cantidad de billetes como parte de un pago a cambio de oponerse a un pedido de prisión preventiva contra un imputado.
La suma total ascendería a 820 mil pesos.
La viralización del video causó un gran impacto en la provincia, sobre todo por los vínculos políticos que tienen los denunciados.
Morales fue secretario de Seguridad de la ex gobernadora y actual diputada del Frente de Todos, Lucía Corpacci.
Y Da Prá había sido elegido representante del Consejo de la Magistratura de Catamarca el 9 de junio pasado.
En el video, que dura dos minutos, se puede ver a los integrantes de la Cámara de Apelaciones en el despacho de Raúl Da Prá debatiendo sobre un monto de dinero.
“Mirá, pasa una semana y vos me tenés que traer la plata o la sacás de tu bolsillo”, dice un hombre al que no se le logra ver el rostro. Durante la charla debaten sobre la falta de una suma para completar los 820 mil pesos.
“Está bien, ya viene Juan. Vos hablá aparte con los dos. Yo no quiero problemas con Juan después”, insiste.
Luego, aparece en escena (Juan) Morales.
El hombre al que nunca se le ve el rostro mantiene la conversación y reparte dos sobres de papel madera, uno para cada uno de los magistrados. Y todos hacen referencia a una resolución para revocar una prisión preventiva.
En paralelo a la difusión por redes sociales, desde una casilla de mail anónima enviaron las imágenes a la Fiscalía General y a varios funcionarios judiciales de la provincia.
La denuncia recayó sobre el fiscal general Miguel Mauvecín y el titular de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de Catamarca, Facundo Barros, que ahora investigan a los dos jueces acusados por el delito de “cohecho pasivo agravado”.
Ante esta situación, la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia, Vilma Molina, convocó este martes a una reunión a los integrantes del jury de enjuiciamiento. La audiencia, a la que no pudo acceder la prensa, pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes, “cuando se resolverían las acciones que se llevarían adelante contra los acusados”, informó una fuente judicial a Télam.
“No podemos adelantar absolutamente nada en estas circunstancias, simplemente hemos tenido acceso a la información y pasamos a un cuarto intermedio hasta el día viernes”, dijo a la prensa la diputada provincial (UCR) y miembro del jury, Juana Fernández.
Por su parte, otro de los miembros del jury, el diputado provincial (Frente de Todos) Augusto Barros, señaló: “Más allá de lo que la sociedad puede sentir, somos parte de un sistema que nos impide opinar hasta tanto tengamos la información precisa y resolvamos. Cualquier opinión puede ser incómoda para la función que cumplimos”.
Los vínculos de los dos camaristas con la política encienden luces de alerta en una provincia que ya conoce de tramas oscuras entre la Justicia y el poder de turno, como el caso María Soledad Morales?, en 1990.
El juez Morales tiene una larga trayectoria político-judicial.
En 2013 era fiscal de la Unidad de Delitos Especiales y se tomó licencia para asumir como secretario de Seguridad de Catamarca. En 2015, renunció a ese cargo y fue reemplazado por otro fiscal, Marcos Denett.
Además, fue fiscal de instrucción penal hasta 2016 cuando asumió como juez de la Cámara de Apelaciones. Mientras que Denett fue designado como fiscal de Estado de Catamarca por el actual gobernador, Raúl Jalil (Frente de Todos).
A la vez, la esposa del juez Morales, María Virginia Seco, tiene un cargo de alto rango en el Ministerio de Educación de Catamarca.
Es Coordinadora General del Consejo Asesor desde diciembre del año pasado.
“Niego enfáticamente cualquier participación criminal que quiere atribuírseme”, sostuvo Morales, quien se presentó espontáneamente el lunes en la Fiscalía Penal y anunció que pedirá licencia “por una cuestión de tranquilidad espiritual” hasta que se resuelva el tema.
En tanto, su abogado Luciano Rojas manifestó: “Se trata de un video editado que de ninguna forma constituye una prueba válida. Una vez que el señor fiscal en su caso resuelva promover la acción penal en contra de mi defendido y formular una acusación es cuando nosotros vamos a elegir una estrategia de defensa”, dijo al diario El Esquiú de Catamarca.
Por su lado, Da Prá, mediante un defensor oficial, se puso a disposición de las autoridades mediante un escrito y afirmó a El Ancasti que se trata de una maniobra “con intencionalidad política”.
El 9 de junio pasado, Da Prá fue electo consejero representante de los magistrados.
La presidenta del Colegio de Abogados de Catamarca, Fernanda Rosales, calificó como “muy grave” la situación.
“Celebro que esto salga a la luz, que se investigue con seriedad, se castigue a las personas si son culpables y se determina a través del proceso, y que podamos generar nuevamente en la sociedad una confianza en el sistema judicial”, enfatizó en declaraciones a Radio Ancasti.
fuente: clarin